La Corte Suprema de Justicia rechazó una petición para el pago de una indemnización a favor de María Sanchiz de Sánchez, Gabriel y Leysi Sánchez, víctimas de un supuesto intento de homicidio por parte del agente de la Policía Nacional Joe John Medina.
De acuerdo con la máxima corporación de justicia, el reclamo formulado por la Fiscal Superior de Penonomé, Cecilia López, carece de fundamento jurídico, ya que no es dado a los funcionarios del Ministerio Público ejercer este tipo de acciones de índole privada, que debe ser librada por voluntad del agraviado y no puede ser asumida de oficio por funcionarios de instrucción.
También señala la Corte que corresponde a las víctimas de algún tipo de delito ejercer una reclamación de carácter civil cuando se hayan convertido en querellantes y que en ese inventario no figuran los funcionarios del Ministerio Público.
La fiscal López planteó que su iniciativa procesal de presentar un incidente de reclamación de daño material y moral presentado a favor de las víctimas se fundamentó en que se encuentran en un estado indefensión, ya que la familia Sánchez carece de recursos económicos para representar sus intereses a través de una acusación particular.
La familia Sánchez fue víctima de un ataque a machetazos en septiembre de 1995 presuntamente perpetrado por el agente de la Policía John Medina, cuando Gabriel Sánchez actuaba como jurado de conciencia en la audiencia contra Gabriel Sánchez por el presunto homicidio del estudiante universitario Enrique Carrera.
Las víctimas del ataque quedaron con lesiones permanentes y estuvieron internadas por largos períodos, sometidas a programas de rehabilitación por la profundidad de sus heridas sufridas en diferentes partes del cuerpo.
