El tema de la contaminación de la escena del crimen por parte de la Policía Nacional vuelve al tapete.
Esta vez ocurrió en el homicidio accidental del supervisor de la escuela Louis Martinz, Carlos López Herrera, en el distrito de San Miguelito; caso que es investigado por la División de Homicidios de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
Informes judiciales revelan que cuando funcionarios de Inspección Ocular de la PTJ llegaron al lugar, el arma de fuego y la mochila, donde estaba guardada, no se encontraban.
Las Ley 16 de la PTJ indica que la Policía Nacional es el ente que le corresponde salvaguardar la escena de un hecho, y la entidad judicial es la que hace la recolección de las evidencias que se encuentran en ella. Esto no se cumplió.
Hasta ayer en la tarde los investigadores de la División de Homicidios esperaban que la Policía entregara la mochila, el arma y que el agente policial, Isael Espinoza se presentara a declarar.
La muerte de López se dio cuando a Espinoza supuestamente se le cayó al piso el arma que encontró en una mochila escondida en una losa.
Funcionarios del Departamento de Criminalística de la PTJ tomaron muestras de residuo de disparos en ambas manos del agente.
Se investiga si el gatillo del revólver calibre 38 realmente se disparó al caer y si hubo negligencia de parte de Espinoza. Testigos dicen que la mochila estaba abierta.
A tempranas horas de ayer, Cañizales fue interrogado por los periodistas sobre este asunto y para sorpresa de los docentes y de la esposa del occiso, dijo, que lamentaba la muerte de Herrera, pero no hablaría del tema porque se estaba "politizando".
Estas declaraciones enfadaron, aún más, a los docentes que le reclamaron a la vice ministra la falta de atención hacia el plantel.
La funcionaria, a través de varios de subalternos, enumeró las mejoras que este Gobierno había hecho al colegio. Pero los docentes se miraban unos a otros y se preguntaban, ¿de cuáles mejoras hablan?
La directora Nacional de Educación, Mirna de Crespo, señaló que la solución no está en nombrar más inspectores y pidió a los padres de familia que jueguen un papel más protagónico.
El Colegio tiene una población estudiantil de mil 300 estudiantes y solo tiene un inspector nombrado por un representante de corregimiento.
La esposa de Herrera advirtió que, una vez culmine con los trámites del funeral, presentará una denuncia por negligencia ante la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional.
