La Policía Nacional desalojó anoche a los comerciantes que desde hace tres días mantenían obstaculizada la entrada al puerto de Balboa, luego de que el procurador José Antonio Sossa girara una orden en este sentido al jefe policial, Carlos Barés.
El desalojo de los comerciantes se dio sin mayores incidentes, a pesar de que al lugar se trasladaron varios contingentes de policías antimotines.
Sossa instruyó a Barés para que condujera a su despacho a todas las personas que han impedido el libre acceso a las instalaciones del puerto de Balboa.
Tras una denuncia criminal promovida por la empresa Panama Ports Company contra los responsables del bloqueo, el procurador ordenó conducir a este despacho a las personas que participan en los actos flagrantes de obstaculizar con intimidación y amenazas el libre tránsito hacia y desde las instalaciones portuarias del puerto de Balboa.
Ordenó además que los camiones y demás instrumentos utilizados para la comisión de los delitos sean llevados a la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.
Sossa sustentó la decisión basado en el artículo 2149 del Código Judicial, y consideró que las acciones llevadas a cabo por estas personas en el puerto de Balboa representan la violación de diversas normas del ordenamiento jurídico en materia penal, como son los artículos 187, 241 y 304 del Código Penal.
La empresa Panama Ports Company S.A., cuyo gerente y apoderado autorizado es el británico Michael Booth, confirió poder especial a la firma Morgan & Morgan, para que presentara una denuncia criminal contra quienes resulten responsables por los delitos en que están incurriendo flagrantemente, al impedir "de manera intencional y dolosa" el libre tránsito, estorbando el normal funcionamiento del transporte marítimo y el movimiento de carga marítima, alegando que están haciendo "justicia por su propia mano".
El ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, expresó que se han detectado "irregularidades" en la documentación presentada sobre los casos de indemnización a las empresas afectadas por la privatización de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Agregó que el Consejo Económico Nacional (CENA) decidió que el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, que es el presidente de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), se reúna con la directiva del organismo e investigue estos casos.
Juliao dijo que las cosas que se hicieron correctamente se respetarán y las que no serán denunciadas ante los tribunales.
Mientras que el ministro de Comercio, Joaquín Jácome, afirmó que el gobierno pagará las indemnizaciones a las empresas afectadas con la transferencia de tierras a la transnacional Panama Port Company, pero advirtió que las mismas se cancelarán en base a cálculos correctos.
Jacome informó que para este fin se iniciarán una serie de reuniones interinstitucionales con el Ministerio de Economía y la Autoridad Marítima Nacional para establecer las cifras correctas para la indemnización.
Indicó que esta diligencia no demorará más de una semana, fecha en que se podría tener una decisión definitiva sobre el pago.
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