Cinco ciudadanos colombianos residentes en Darién fueron denunciados ayer por moradores de Boca de Cupe como presuntos colaboradores de la guerrilla colombiana, por lo que fueron retenidos por unidades de la Policía Nacional para las investigaciones de rigor.
La detención de los extranjeros se dio un día antes de la exhumación de los cadáveres de cuatro indígenas asesinados el pasado 18 de enero en Paya, la que prevé realizar a partir de las 9:00 de la mañana de hoy la Fiscalía Superior Especial.
Desde ayer se trasladaron a Boca de Cupe algunas unidades del Ministerio Público y de la Policía Nacional que participarán en la acción, y se espera que a primeras horas de hoy llegue al lugar el fiscal Cristóbal Arboleda, quien adelanta las investigaciones.
En Darién también se encuentran representantes de la Defensoría del Pueblo evaluando las condiciones de los pobladores indígenas, que la semana pasada huyeron de sus comunidades luego de la incursión paramilitar a las aldeas darienitas.
El equipo de la Defensoría también evalúa la situación de seguridad policial que se ha ejecutado en Paya y Púcuro luego de los sucesos.
Sólo ayer los representantes de esta institución denunciaron lo que calificaron como una interferencia de los organismos policiales para hacer llegar ayuda humanitaria a los indígenas de Paya y Púcuro, que se encuentran padeciendo de diversas limitaciones.
A tempranas horas del día de ayer, Arrocha se apersonó al Ministerio Público para exponer su denuncia, la que sustentó alegando que los emolumentos que recibe el funcionario no se ajustan a la cantidad de bienes y propiedades que posee.
De acuerdo con el denunciante, De León, en calidad de representante de corregimiento, devenga un salario de mil balboas mensuales. Que al multiplicarlo por los tres años que lleva ejerciendo hacen un total de B/. 40 mil.
Expone que "es un hecho público y notorio que el señor Carlos De León, en menos de tres años tiene bienes por un valor superior a los 130 mil balboas". Habla que ese total incluye dos casas, un terreno en la comunidad de San Pablo-Villa Nueva, cuatro vehículos. "Además tiene cuentas bancarias que no podemos precisar, porque los bancos no dan esa información, pero que sí pueden ser requeridos al momento de la investigación", acotó.
Pero la denuncia de Arrocha no pasó desapercibida, pues luego de su comparecencia a la Procuraduría se presentó a esta instancia el propio De León, quien dijo que todas las actuaciones de la Junta Comunal son auditadas por la Contraloría.
Manifestó que quienes hicieron las denuncias tendrán que sustentarlas, porque presentará una demanda de calumnia e injuria en su contra.
Dijo no extrañarse que detrás de las acusaciones esté el legislador Wigberto Quintero.
Indicó que la persona que presentó la denuncia trabajó en la junta comunal de Las Cumbres y renunció al cargo porque requerimientos, que no precisó, no les fueron satisfechos.
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