La Policía y el Ministerio de Seguridad han hecho pacto para no dar detalles sobre una nueva contratación directa, esta vez de motos de cuatro ruedas, tipo 4Weels, para patrullar las calles.
Y para justificar su acción, invocan a una antigua argucia que data de los años de la Dictadura miliar, de guardar silencio para temas relacionados con la seguridad nacional.
“Escudarse en esto riñe con la transparencia. El secreto en la seguridad nacional es para los temas de operativos y de acciones de investigación, no para dar detalles de adquisición de equipos como motos”, explicó el abogado Neftalí Jaén.
“Están tergiversando o manipulando la información para ampararse en un tema de seguridad nacional, lo cual no es correcto”, argumentó Jaén.
La economista Maribel Jaén agrega que no es la primera vez que se compran equipos de manera cuestionada en la Policía. “También se le subieron los salarios, sin embargo la inseguridad en las calles es creciente, y sigue siendo una de las principales quejas de los ciudadanos”, advirtió.
Tráfico de influencias
Pero en una investigación de Panamá América apunta a que dicha compra directa de “transporte de lujos” para patrullar, se habría dado para beneficiar a la empresa Bahía Motors, relacionada a Stanley Motta, donante de campaña del actual presidente Juan Carlos Varela.
“Definitivamente aquí hay tráfico de influencias, porque los Motta tienen demasiada influencia en este Gobierno, como lo tuvieron en el Gobierno de Martín Torrijos”, denunció Enrique 'Chito' Montenegro, del Frente Anticorrupción.
Sobrecosto
El gobierno de Varela estaría pagando 18 mil 500 dólares por cada moto a la empresa ligada a Stanley Motta. Pero en el catálogo de PanamáCompra hay siete empresas que ofrecen modelos similares a menor precio.
Por ejemplo, Moto Estilo ofrece los modelos marca CF Motros por 8 mil 500 dólares.
“El pago adicional aquí es un pago significativo que podría ser utilizado para la atención de las demandas sociales de la población... Estamos ante una administración que no es ética en el gasto público”, concluyó la economista Maribel Jaén.
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