Unas 37 unidades de la Policía Nacional culminaron sus entrenamientos en materia de operaciones especializadas ante situaciones críticas en zonas urbanas y rurales del país, luego de varias semanas de adiestramiento.
El curso se desarrolló en el Centro de Capacitación Policial (CECAPOL), y fue dividido en dos partes. La primera, denominada "curso de Operaciones Especiales" que se dictó del 14 de mayo al 30 de junio, y el segundo, "Curso de Tácticas de Combate urbano", dado en el periodo del 14 de mayo al 14 de agosto.
La capacitación estuvo a cargo de profesores del Comando de las Fuerzas Especiales de la Guardia de la República Bolivariana de Venezuela y tuvo como propósito, preparar a las unidades en la toma de objetivos críticos, especialmente en áreas montañosas o rurales. Igualmente, se enseñaron tácticas de combate urbano, básicamente dirigido a efectuar acciones rápidas de rescate en las zonas metropolitanas.
Desde 1999 cuando inició sus gestiones el actual Gobierno, el PRD al igual que el Partido Arnulfista, los más grandes del país y los que mayor representatividad en la Asamblea Legislativa, han hecho lo posible por llevar a uno de sus miembros a la silla presidencial, pero hasta ahora ha sido imposible.
Durante los últimos cuatro años, los partidos minoritarios o los que menor número de legisladores tienen en el pleno legislativo, han sido los más beneficiados y han acaparado todas las presidencias, pues se han constituido en un punto medio para que la balanza se incline hacia un lado o al otro.
Al PRD que inició con una poderosa bancada de 34 miembros, sólo le faltaban dos votos para lograr el control de la junta directiva, pero le fue imposible lograrlo.
En el primer período de sesiones ordinarias, los arnulfistas lograron la conformación el Pacto de La Pintada que llevó al legislador indígena y miembro del Partido Popular, Enrique Garrido, a la codiciada presidencia; el PP contaba con cinco legisladores.
Transcurrido el primer año, el PRD mueve todas sus fichas y conforma el Acuerdo Mejoramiento y Transformación de la Asamblea (META) que suma a dos legisladores del PP y dos Solidaridad para llevar a la presidencia al solidario, Laurentino Cortizo. El año siguiente, META mantiene el control y esta vez lleva a Rubén Arosemena del PP a la presidencia.
Al iniciar el siguiente período, el PRD afectado por el escándalo de los "Afú dólares" se resquebraja y pierde por los menos cinco de sus legisladores que se convierten en "disidentes" y aliados al oficialismo, llevan al perredista chiricano, Carlos Alvarado a la presidencia de este órgano del Estado.
Alvarado, trabajó su período apoyado por el oficialismo y su gestión la desarrolló en apoyo a este sector y no al del opositor PRD, del cual forma parte todavía.
Los legisladores se preparan para entrar a la recta final de su mandato y cada una de las bancadas hace lo posible por captar nuevos miembros y lograr el control de la última junta directiva.
Considera que a partir del año pasado en el Psiquiátrico se inició una política de no permitir la entrada a nuevos pacientes mentales y los que se mantenían recluidos y que podían manejarse con medicación eran entregados a sus familias para que los atendieran.
Esta nueva política incluía la confección de una sala semiprivada donde se recluiría a los pacientes cobrando una suma equilibrada, pero que no se llevó a cabo, denunció.
Dijo que al momento de entregarle a su familiar no estaban preparados para afrontarlo. "Sólo entregaban al paciente y no te decían más", dijo. "Aquí está la lista de los lugares donde puede llevarlo y éste es el mejor" le señalaban.
Luego de recluir a su hijo en el centro privado, su situación de salud ha desmejorado porque lo separaron de sus amistades que había hecho en el psiquiátrico.
"Mi hijo ha desmejorado; por qué se molesta a un anciano recluido en la misma sala, lo mantienen dopado, super lleno de medicamentos para mantenerlo casi adormecido y que no esté inquieto".
Sostuvo que la actividad social de su familiar ha sido reducida, y que la relación con el mundo es sólo estar tirado en una cama y que eso no es justo para pacientes con discapacidades mentales.
Dijo que habían demorado en denunciarlo por temor a que su hijo fuera maltratado, pero que ahora, al no observar mejoría de su familiar y pagando por su atención, se hizo necesario sacar la situación a la luz pública.
Por su parte la directora del Hospital Psiquiátrico, Yadira Boyd, desmintió que en esa institución de salud exista favoritismo para determinado centro privado de atención a pacientes con discapacidades mentales y que esa acusación es de personas que no se quieren hacer responsables de sus pacientes.
Desvinculó al personal médico y administrativo de aplicar una influencia a la hora de recomendar el traslado de un paciente a una casa hogar, y que durante la entrega del documento no existe presión para que la familia acuda a determinado lugar, algo que consideró un "chisme público".
"Estos centros son regentados por la iglesia, otros por médicos y algunos por particulares y existe la oportunidad de escoger, pero nosotros no tenemos nada que ver con la denuncia de supuesta vinculación con una casa hogar en particular", aclaró.
Dijo que hace años, el sistema era cómplice de mantener un reclusorio de pacientes en el hospital, por que muchas familias abandonaban a pacientes sin importarle los derechos que éste tiene como enfermo, incluyendo el derecho de tratarlos sin distinción y con tratamientos humanitarios. Aclaró que los trabajadores sociales de la institución son los responsables de entregar el listado de las casas hogares, pero que no existe preferencia para ninguna en particular.
La doctora explicó que desde el año 2000 con la visita de la Comisión de los Derechos Humanos de la OMS se analizó la política de atender a estos pacientes en Panamá y se consideró que debían hacerse cambios.
Desde ese momento se estableció que los pacientes deben ser atendidos por sus familiares e inició la etapa de reducir la cantidad de internos, por lo que actualmente existen 225 camas y los pacientes activos son 167, de los cuales 37 son agudos, es decir, los que realmente deben estar recluidos en el hospital.
Dijo que estas personas que reclaman atención, años atrás estaban acostumbradas a dejar a su familiar hasta 20 y 30 años en el hospital, lo que ha sido denunciado a la Defensoría del Pueblo por abandono de pacientes. "Que hacen las familias, se llevan al paciente, no le dan el medicamento, el paciente se descompensa y entonces lo trae nuevamente para que lo internemos en el hospital", explicó la directora del psiquiátrico.
Sostuvo que los pacientes de salud mental con buenos medicamentos pueden incorporarse en la sociedad, y que muchos son trabajadores, padres de familia, incluso educadores, por lo que no debe existir la intención de segregar a estas personas de la sociedad, aislándolos en un hospital.
El Psiquiátrico cuenta con un presupuesto de operación de 890 mil balboas, luego del recorte que se le hizo a su presupuesto. Sin embargo destacó, que a pesar de los cambios y la salida de una gran mayoría de los pacientes, se mantiene el mismo personal y sólo han salido los jubilados o removidos.
Según la nueva norma en el Hospital Santo Tomás, hay cuatro pacientes por especialistas, mientras que en el Hospital Psiquiátrico de 35 a 40 por psiquiatra.
La doctora añadió que en varias ocasiones el hospital exonera los medicamentos para estas familias, pero que la nueva política es clara, la atención que brinda es para pacientes de urgencia y de corta estancia, es decir, de unos cuatro meses.
"¿De quién es el pariente?" preguntó la doctora, al mismo tiempo se respondió señalando que "la familia se debe hacer responsable, hay gente que no tiene mucho dinero, apenas si logran mantenerse y atienden a sus pacientes y estas personas que tiene más dinero se quejan".
