La denuncia de Guillermo Jones sobre el uso de una cantidad excesiva de diuréticos que casi le provocan la muerte, y las irregularidades disciplinarias que supuestamente incidieron en la derrota de Vicente "El Loco" Mosquera, entre otras situaciones, ha puesto en el ojo de la tormenta a los entrenadores panameños.
La Comisión de Boxeo Profesional tiene en sus registros a 24 personas autorizadas para desempeñar esta profesión, aunque en la práctica no pasen de 15 los que regularmente se observan en los gimnasios.
Carlos González, apoderado del excampeón Roberto "La Araña" Vásquez, opina que muchos entrenadores locales están desfasados, debido a que quieren emplear en el 2006 técnicas de 1940.
El presidente de la Comisión de Boxeo, Miguel Prado, aseguró que en 2007 se aplicará un control más exigente, lo cual incluye cursos obligatorios para los entrenadores, quienes tendrán que asistir para renovar la licencia anual.
Pedro "Pellín" Ávila, quien ha entrenado diez campeones mundiales, reconoció que en Panamá hay entrenadores que no saben de boxeo.
En cuanto a los acreedores públicos de la deuda externa, aún se encuentran los préstamos concedidos por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a quien actualmente se le debe $888 millones. El BID es el principal acreedor del país.
Igualmente, se le debe al Fondo Monetario Internacional, a la Corporación Andina de Fomento, y otros financiamientos que se han recibido bilateralmente, donde se incluyen préstamos recibidos directamente de otros gobiernos.
El nivel de la deuda es uno de los factores para determinar la calificación de riesgo de los países, lo que es importante para futuros financiamientos, además de que también tiene efectos en las tasas de intereses de los bancos.
Sobre el tema, se consultó al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Vallarino, pero dijo que no quería hablar sobre el tema. "...Ahorita yo no quiero hablar de otro tema", aseveró.
La página web del referido ministerio destaca que una de las metas del Gobierno es reducir la deuda pública versus el ProductoInterno Bruto, de 71,1% a 60%.
