El presunto testaferro de grupos de insurgentes de Colombia que operan en la región fronteriza de Darién, Angel Marino Cetre Palacios, quedó en libertad luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no encontrara pruebas que acreditaran el delito que se le imputaba.
El pleno de la CSJ revocó la resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que declaró legal la detención del colombiano Cetre Palacios, a órdenes de la Fiscalía del Circuito Judicial de Darién, por la presunta comisión del delito contra la personalidad jurídica del Estado.
Al sindicado se le atribuye el supuesto hecho de brindar cooperación a grupos insurgentes de Colombia, pero según análisis de los magistrados en la resolución de detención de Cetre Palacios no se define o identifican el capítulo que describe el comportamiento delictivo del imputado.
El Ministerio Público se limitó a decretar la detención basado en el delito descrito en el Título IX del Libro II del Código Penal, que señala una conducta de actividad con grupos enemigos del Estado panameño.
Al no especificar el cargo, en el estudio del acto sumarial se evidencia el incumplimiento de las formalidades de precisar el hecho imputado y señalar los elementos probatorios allegados para la comprobación de la conducta delictiva y de la vinculación criminal del imputado, señala el resuelto de la Corte.
El fallo advierte que la actuación procesal no sólo acarrea consecuencias jurídicas negativas hacia la validez del acto de detención; también puede ocasionar la adopción de interpretaciones incorrectas sobre la conducta del detenido.
La revocación de la acción decretada en la resolución, declara ilegal la detención preventiva aplicada a Cetre Palacios, y ordena que sea puesto inmediatamente en libertad, si no tiene otra causa pendiente.
El defensor del colombiano, el abogado Ellis Murillo Ramos, se basó en su hábeas corpus, que no se pudo comprobar el delito encausado contra su cliente, pues "resulta incorrecto pretender que un nacional colombiano haya incurrido en el delito contra la personalidad jurídica del Estado, cuando esa conducta tiene que ser cometida por un panameño.
Actualmente, un 70% de los estudiantes son panameños y un 30% extranjeros, pero con familiares en Panamá, y otros de intercambio.
Es un complejo internacional para la educación, la investigación y la innovación, organizado para promover y facilitar la acciones combinadas entre universidades, centros de investigación científica, empresas de la nueva economía y organismos internacionales.
A cargo de esta organización está la Fundación Ciudad del Saber, una organización privada sin fines de lucro creada en 1995 que cuenta con una junta de síndicos, integrada por representantes de los sectores académico, empresarial, laboral, legislativo y gubernamental. Su objetivo, garantizar su desarrollo como un espacio donde se promueva la colaboración entre sus componentes.
En materia de organismos internacionales poco a poco se ha ido avanzando y se espera ir creando en este centro una pequeña Ginebra, donde se concentren, para bienestar del país, una serie de organismos internacionales de cierto peso, indicó Alberto Navarro.
En estos momentos se encuentran establecidos el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa Mundial de Alimentos y la UNICEF. Además, el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA) y están en camino, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros organismos más.
El funcionario recalcó que la Ciudad del Saber no sólo es exitosa porque se encuentra en el camino hacia la autosostenibilidad, sino porque a tres años de haber iniciado operaciones atrajo a instituciones internacionales, programas universitarios que captan los cerebros más grandes y empresas novedosas del mundo.
"Lo que queda ahora es no dormirnos en los laureles y convertirnos en un motor de desarrollo para la República de Panamá", destacó Navarro.
