Tras advertir que "no hay tiempo para celebrar un nuevo trámite de selección de contratista" en un acto público, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) respondieron ayer a las interrogantes planteadas por el contralor Carlos Vallarino en referencia al contrato con la empresa L-1 Identity Solutions.
En una nota dirigida a Vallarino, el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, sustenta que la mejor evidencia de contratar directamente a L-1 "es el tiempo perdido en el fallido proceso de licitación por mejor valor que fue declarado desierto" y que se está frente a un proceso electoral en marcha.
Según Pinilla, el expediente remitido a la Contraloría, que no fue refrendado, cuenta con suficientes evidencias que sustentan el ejercicio que le confiere al TE, el artículo 125 del Código Electoral, para contratar directamente ante circunstancias de urgencia notoria.
El magistrado también resaltó que el TE tuvo la intención de realizar un nuevo acto público, pero cuando la empresa SAGEM -que ganó la licitación y después fue descalificada- recurrió al Tribunal de Contrataciones Públicos, decidieron consultar a varias empresas y tras un análisis minucioso se inclinaron por L-1.
En relación a los puntos "imprescindibles" del cargo de pliegos de la licitación original y que no aparecen en la contratación directa, el magistrado Pinilla respondió que "no son relevantes para esta contratación, toda vez que hemos obtenido una solución integral que resuelve satisfactoriamente las necesidades del TE".
Con respecto a la advertencia que hizo el contralor sobre las consecuencias que pudiera traer el resultado del proceso contencioso administrativo, Pinilla respondió que fue ponderado con el ex procurador de la Administración, Olmedo Sanjur, quien dijo que los resultados del proceso no afectan la contratación.
