Por sexta ocasión el Juzgado Primero Penal fijó para el próximo 27 de octubre la audiencia por el delito de homicidio culposo para Reynaldo Elías Vargas, sindicado por la muerte de Alfonso Pérez Ruiz, Yinibeth Jaén y Anett Fernández de Parra durante un accidente automovilístico registrado en 1998 en la provincia de Coclé.
El abogado Juan de Dios Hernández informó que la audiencia fue programada luego que el Tribunal Superior de Coclé y Veraguas desestimara una queja presentada contra el juez primero de circuito de Coclé, Roberto Frago, por la defensa de Vargas.
Hernández señaló que la audiencia se celebrará casi cinco años después de registrado el hecho que conmocionó a la provincia de Coclé el 24 de diciembre de 1998.
Añadió que ahora se sentará en el banquillo de los acusados al imputado, por lo que en ese acto saldrá a relucir la verdad material sin más dilaciones, pues el abogado de la defensa ha utilizado toda clase de prácticas dilatorias para evitar ese juicio.
Reveló que en el proceso están citados como testigos los miembros de la Fuerza Pública, Alvaro Samaniego, Aurelio Palacios, Julián Martínez, Luis Alberto Alí, Aníbal Cano, Sergio Augusto Rodríguez, Abilio Martínez, Alfonso Martínez y Carlos Lasso.
De igual forma deben comparecer Jacinto Morán, los peritos de criminalística de hechos de tránsito de la PTJ, Rodrigo Rodríguez y Rogelio Salinas, y el médico forense, Luigui Barrera.
Hernández indicó que espera que el proceso se encamine en estricto derecho y con apego a la ley porque las familias Pérez, Jaén, Parra y Pinzón esperan que se haga justicia y para que se demuestre la verdad de lo ocurrido.
Destacó que por ser esta la sexta vez que este juzgado llama a celebración de audiencia, se está imponiendo un récord en la provincia en materia judicial.
Según explica Lourdes Trujillo, jefa de la Sección de Ambiente de Trabajo del Ministerio de Salud, el incremento en las enfermedades respiratorias se debe -en gran parte- a un creciente desmejoramiento en la calidad de aire que se respira en la ciudad de Panamá, generado por contaminantes atmosféricos tales como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo y partículas suspendidas.
Reconoció Trujillo que hay discrepancias entre el Ministerio de Salud y la ANAM en cuanto a la interpretación del capítulo IV del Código Sanitario que identifica medidas públicas para suprimir molestias públicas por ruidos, humo, gases tóxicos y otros.
La sección de Desechos Peligrosos del Ministerio de Salud elabora normas de calidad ambiental. La discrepancia entre ANAM y Salud no tiene justificación porque la competencia legal de ANAM se relaciona con el ambiente, en cambio al Ministerio de Salud le corresponde sancionar las quejas relacionadas con la salud pública.
Recordó Trujillo que desde 1998 en Panamá se empezó a aplicar la Ley 36 que restringe el ingreso de vehículos nuevos que no posean convertidor catalítico en sus motores.
Según la ingeniera Beatriz Ho, encargada del programa de Monitoreo y Control Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), desde hace varios años trabajan con el Ministerio de Salud sobre el control de emisiones a través de una Comisión Permanente.
Se trata de promover una reglamentación y se llevan a cabo jornadas midiendo las emisiones de los vehículos.
En materia de áreas más contaminadas de la ciudad capital, el informe de las Estaciones de Monitoreo del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá indica que San Miguelito representa la más alta densidad de tráfico del país con más de 100,000 unidades por día. En el distrito hay un centro del transporte colectivo para rutas secundarias y es considerado como punto de alta contaminación.
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