Una serie de imprecisiones y versiones que varían son las que ha manejado la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Kenia Isolda Porcell, sobre el caso de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Estas acciones han sido interpretadas por grupos de abogados y sectores de oposición como un trámite selectivo para desvincular a los allegados al gobierno del presidente Juan Carlos Varela que puedan ser mencionados en la descalificación de nuevas declaraciones mañana jueves.
Las primeras críticas serían al doble discurso de la procuradora Porcell, quien al principio de la investigación apostó por la aprobación de una ley para adaptarla a la delación premiada (confesión de delitos por rebaja de pena).
Sin embargo, el cambio al Sistema Penal Acusatorio (SPA), a través de la Ley 4 del 17 de febrero de 2017, reformó artículos del Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, no hizo lo suficiente para la aportación de pruebas desde la Fiscalía Brasileña.
Ello, debido a que las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht están sujetas al requisito de protección y no formulación de cargos a delatores por corrupción, lo cual no se ha tipificado en la ley panameña.
Tras esto, el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, notificó el lunes pasado a las procuradurías y fiscalías de nueve países, entre ellos Panamá, que solo se compartiría la documentación con los países que solicitaron cooperación internacional mediante el sigilo (secreto) de las pruebas de este caso.
A su vez, Porcell pidió a quienes estuvieran relacionados al proceso acogerse al beneficio de la Ley 4 de 2017, que promueve la delación premiada.
En sus últimas declaraciones al periódico oficialista La Prensa, Porcell reconoció optar por condicionar el proceso y acogerse al sigilo de los documentos que proporcionará mañana la Fiscalía de Brasil, y en el que se conoce de antemano la participación de representantes de bancos y allegados políticos al gobierno que fueron mencionados en la delación de empresarios de Odebrecht.
Ante esto, el analista político Juan Carlos Tapia manifestó que "tarde o temprano se sabrá la verdad completa del caso Odebrecht y tendrán que pagar todos, incluyendo las autoridades que se hicieron los ciegos".
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño reclamó: "Nos cree idiotas. Primero aupaba el aval de nuestra ley de delación premiada, luego anima a la delación, ahora dizque el sigilo".
Aun figuras como el panameñista José Antonio Domínguez reconocen que "tarde o temprano, el total de la delación en caso Odebrecht va a ser expuesto a todo el mundo".
Complicidad
La participación de Odebrecht en las obras del Estado se han producido desde el 2004, y todavía en el 2017 ha seguido ejecutándose obras en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, por lo que se sugiere correcto investigar en los periodos constitucionales dónde laboró la empresa.
No obstante, para el abogado Alejandro Pérez, los ciudadanos "hemos visto una investigación sesgada, selectiva y siempre tratando de encubrir a otros actores, lo que provocó una denuncia penal del abogado Sídney Sittón".
El jurista sostuvo que hubo declaraciones en las que se habló de obstaculizar la justicia "para impedir que otros actores distintos al gobierno de Ricardo Martinelli -entre 2009-2014- fueran investigados por las mismas causas de todo, y donde ha pisado Odebrecht se conozcan.
"Hay interés de altos funcionarios de este gobierno que no se sepa el nombre de personas que recibieron coimas de Odebrecht, e incluso trabajaron en gobiernos pasados", denunció.
A su vez, el abogado Luis Eduardo Camacho opinó que la actuación de la justicia panameña es una muestra de que la Procuraduría no está haciendo su trabajo y existen personas a las que están protegiendo.
"Dentro de esa protección es por la cual Panamá no ha podido tener acceso a la documentación, ya es un secreto a voces que se está resguardando información para proteger a personas y es lo que la ciudadanía quiere saber", detalló.
Por su parte, el representante de Alianza Ciudadana Por la Justicia Carlos Lee, indicó que mientras se discutía la ley para introducir la delación, hubo deficiencias y, por ende, vamos a tener una limitación importante para que se pueda encausar a los responsables en Panamá.
Claves
80 declaraciones de delatores fueron efectuadas en Brasil, pero no se conocen 25 de estas.
59 millones de dólares devolverá la empresa Odebrecht a Panamá en concepto de coimas.
