El proyecto de ley que reforma el sistema penitenciario nacional contempla la creación de un Consejo Técnico de Política Criminal y Penitenciaria para el análisis de la situación de las cárceles.
De acuerdo con el proyecto de ley, el Consejo Técnico estará conformado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el procurador de la Nación, un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y los decanos de las facultades de Derecho de la Universidad de Panamá y Santa María La Antigua.
El Consejo tendrá entre sus funciones realizar recomendaciones para disminuir la criminalidad, coordinar programas de prevención del delito e investigar problemas vinculados a la prisión.
Dentro de la nueva legislación también se proyecta la creación de centros penitenciarios de prisión abierta, en los que no habrá represiones materiales ni físicas contra la evasión, pero sí un régimen fundado en una disciplina aceptada y en el sentimiento de la responsabilidad del interno hacia la comunidad en que vive.
También se crearán centros de reinserción social que serán destinados al seguimiento y asistencia de beneficiados con medidas alternativas a la privación de la libertad, a los cuales deberán reportarse de manera periódica.
A la vez establece que los reclusos pertenecientes a diferentes categorías deberán ser alojados en establecimientos distintos según sexo, edad, antecedentes y motivos de detención, con el propósito de evitar la contaminación criminal y la promiscuidad.
Así mismo, se establece una separación entre los detenidos preventivos y los que se encuentran cumpliendo condenas. También se establece la separación de aquellos detenidos por asuntos administrativos de quienes se encuentren arrestados por infracciones de carácter penal.
