En una nota enviada por Carriles a Moscoso, aseguró que el día 28 de diciembre de 2001 la República Bolivariana de Venezuela pidió formalmente su extradición, que debía ser resuelta en un término de 60 días.
En el documento, Posada Carriles señala que si los 60 días hábiles se tomaran desde el día de su detención, ya habría cumplido ampliamente con cualquier término legal y que si esto se contara desde el 2 de febrero del 2002, fecha en que Venezuela sustentó la petición, el término para la investigación en su contra también habría prescrito.
No obstante, detalla que el 5 de diciembre del 2002 el canciller Harmodio Arias solicitó al Ministerio Público se dicte una nueva orden de arresto, lo que extendería su período en prisión hasta el 11 de marzo del 2003, cuando se cumple el término de 60 días para sustentarla.
Asegura que esta situación violenta sus derechos humanos, así como el debido proceso que merece toda persona que se encuentra en un régimen de derecho. Además, señala que en la actualidad se encuentra padeciendo graves afecciones cardiovasculares, cancerígenas y de viejas heridas de bala que amenazan con acabar su vida.
Posada Carriles se encuentra acusado junto a Guillermo Novo, Pedro Remón y Luis Gaspar Escobedo, del delito de posesión de explosivos y falsificación de documentos, luego que el presidente cubano los acusara de fraguar un plan para asesinarlo. En Panamá se hace necesario la revisión de la normativa en materia de delitos sexuales, concluye el estudio realizado por la OIT a través del IPEC.
Dawson señaló que en algunas legislaciones específicas de cada país no se establecen sanciones para las personas que están inmersos en la red de pornografía infantil. Puso como ejemplo a los que filman los videos pornográficos infantiles.
Señaló que para revisar la normativa en Panamá, todos los sectores involucrados deben sentarse a discutir, porque en el caso de niñez y adolescencia no se trata sólo de prostitución y explotación, sino que por estar en un proceso de desarrollo son mucho más vulnerables que una persona adulta.
Exhaustivamente debe ser revisado lo que tiene tipificado el Código Penal como delitos sexuales, en donde no se incluye el delito de explotación comercial sexual de la niñez y adolescencia.
Aunque ya hay algunos anteproyectos de reformas al Código Penal o propuestas nuevas, no se ha trabajado específicamente sobre la explotación sexual comercial infantil. Dawson señaló que en la Asamblea Legislativa, la Procuraduría de la Nación, el MIMNJUNFA y la Policía Técnica Judicial ya tienen algunas propuestas, pero lo ideal sería que todas las instituciones que están relacionadas con el tema se sienten a conversar y en consenso se establezca una sola reforma a las normas. Dentro del proyecto de visualización de la realidad de la explotación comercial infantil, se programan una serie de actividades en la que se les da participación a los medios de comunicación.
Esto tiene como finalidad hacerle las recomendaciones pertinentes a los periodistas y medios de comunicación sobre cómo debe ser el abordaje de los temas de explotación sexual comercial de menores de edad.
Cabe destacar, que en el mes de marzo la IPEC/OIT en conjunto con el Colegio de Periodistas tendrá un seminario que versará sobre este tema.
Por otro lado, Dawson destacó que el programa nacional, que tendrá una duración de tres años, se trabajará con el fortalecimiento de las capacidades institucionales, fundamentalmente con el MIMNJUNFA y específicamente las direcciones de Niñez y Juventud.
Pero todo este programa no tendría su objetivo primordial, si no se trabaja paralelamente en el proceso de reforma de la legislación, adecuándolo y evitando que esos niños y niñas vuelan a ser explotados, aplicando las debidas sanciones a los explotadores.
Una vez se dé el proceso de consenso y se tenga una política clara en la materia, se estará diseñando un Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial.
Dawson indicó que no solo se trata de formular en consenso un plan, sino ejecutarlo. Destacó que este es el mayor problema que se ha encontrado en países de la región como: Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
En estos países, aunque ya se cuenta con la legislación y con un plan nacional contra la explotación comercial infantil, la falta de un presupuesto es uno de los tropiezos para su ejecución.
La entrevistada destacó que los periodos electorales y presidenciales también constituyen en obstáculos para la mayoría de los programas y planes que se tienen en la región. "Cuando no hay un buen entendimiento de la importancia del seguimiento de los procesos, se corre el riesgo de que los planes sean engavetados por los gobiernos posteriores. Destacó que esas son situaciones que se quieren evitar en Panamá.
A mediados de este año se tiene programado que todas las instituciones y la sociedad tengan un nivel de conocimiento y sensibilización de la temática, para posteriormente sentarse y plantearse un plan estratégico de acción.
