La posesión de armas de fuego ha dejado de ser una falta administrativa para convertirse en una conducta tipificada penalmente y que se tramita ante las autoridades del Ministerio Público y la Policía Técnica Judicial.
Este cambio obedece a que el pasado 31 de agosto entró en vigencia la Ley 48 que adiciona al Código Penal el artículo 264-F, que establece que quien posea armas de fuego sin estar legalmente autorizado, será sancionado con prisión de 2 a 4 años o con 200 a 350 días multa.
La norma antes mencionada incluye entre las armas de fuego no autorizadas legalmente, la de fabricación casera.
Por otro lado, todo aquel que posea, compre, venda, fabrique o traspase artefactos explosivos o sus componentes sin autorización será sancionado con pena de 6 a 8 años de prisión.
Se mantienen las sanciones administrativas de las gobernaciones de provincias en los casos en que se porten armas de fuego con permisos o registros vencidos o dañados.
