LA posible creación de una nueva Sala Constitucional de Garantías Fundamentales en la Corte Suprema de Justicia ha generado el rechazo de dirigentes políticos de los partidos de la oposición, sobre todo si los magistrados son nombrados con el actual sistema de elección en donde interviene el Ejecutivo.
El presidente del Partido Solidaridad, José Raúl Mulino, señaló que abogaría por la creación de una Corte Constitucional paralela e independiente, separada de la actual Corte Suprema de Justicia para que vigile el control de la constitucionalidad en el país y de los recursos fundamentales de los ciudadanos.
En este sentido, el presidente del Partido Liberal Nacional, Aníbal Galindo, advirtió que "con la Corte no se juega", recordando que las últimas designaciones de magistrados efectuadas, produjeron la percepción de que se dieron con un matiz político.
Mientras que el presidente del Partido Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, manifestó que la posible creación de una Sala Quinta sería una "chambonada" más, ya que aumentaría la fuerza política de los gobiernos de turno, porque los magistrados estarían sometidos a quien los designe.
"Si la administración de la justicia y la mora judicial no se han resuelto, una Sala Quinta no va a resolverlo, al contrario, se va a burocratizar más el manejo de los recursos y continuará administrándose bajo el paraguas del tráfico de influencias como sucede con el resto de la CSJ", precisó.
En tanto que, el presidente del Partido Panameñista, Marco Ameglio, sostuvo que aunque la creación de la Sala Quinta se pueda justificar, lo que cabe es discutir un problema de fondo como lo es una reforma integral a la Constitución, para modificar entre otras cosas, el sistema de nombramiento de magistrados.
Contrario a las reacciones de los políticos, seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia se mostraron a favor de la creación de una quinta sala, que atenderá los hábeas corpus y amparos de garantías constitucionales.
En el grupo de los que opinaron se encuentra el magistrado Alberto Cigarruista, quien en su momento se opuso al funcionamiento de la Sala Quinta cuando era legislador. Esta vez señala que la Sala de Garantías Fundamentales "es una necesidad", dijo.
"Todos los países de América Central tienen una Sala Constitucional que se dedica a conocer los amparos y hábeas corpus, y Panamá no la tiene. Nosotros estamos saturados de trabajo", manifestó.
Cigarruista aclaró que esta nueva sala "no debe ser manejada con conceptos políticos. Es una necesidad en estos momentos, no después de las elecciones, que depende de quién gana o pierde se crea una sala para cambiar el equilibrio que hay aquí".
El 9 de agosto de 1999 Cigarruista dijo al Panamá América que la falta de credibilidad también estaría "fundamentada en que la Sala Quinta, más que estar integrada por magistrados de carrera judicial, lo estaba por amigos, políticos, ideólogos y allegados al presidente Ernesto Pérez Balladares".
El abogado Silvio Guerra, miembro de la Comisión Codificadora, expresó que esta propuesta para la creación de la Sala de Garantías Fundamentales no es una improvisación.
El jurista sentenció que están apartados de cualquier influencia política y harán la propuesta; pero si mañana alguien quiere usarla como demagogia y caballito de política, las argumentaciones que tendrán los miembros de esta agrupación que pretende mejorar el Código Penal y el Código Procesal Penal serán jurídicas.
Posible creación de Sala Quinta genera controversias
Los magistrados Harley Mitchell y Winston Spadafora sostienen que la propuesta es positiva.