¿Qué clase de justicia va a impulsar la magistrada Dixon a nivel internacional cuando no ha sabido hacer justicia en su propio país?, cuestionó la presidenta del Comité Familiares de Desaparecidos, Maritza Maestre.
Los familiares de los desaparecidos, Floyd Britton y Marlene Mendizábal consideran que Dixon no "es digna" de un puesto en la Corte Penal Internacional. Aseguran que es incorrecta la aseveración sobre el desempeño como representante legal de las víctimas de la invasión estadounidense.
"Es sabido que los familiares de los caídos han estado huérfanos de una verdadera asistencia legal".
Anunciaron una campaña internacional y recurrirán a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, de la cual el Comité es miembro, para incidir en el rechazo de los gobiernos de la región. Tambien enviarán una nota ante la ONU.
La postulación de Dixon, la hizo el canciller, Samuel Lewis Navarro, 17 de agosto pasado, ante Ricardo Alberto Arias, embajador de Panamá ante la ONU.
La magistrada Graciela Dixon declaró prescrita la pena en los casos de desaparecidos durante la dictadura militar de Narciso Cubas, Reynaldo Sánchez, Floyd Britton y Ariosto González.
En 2003 Panamá firmó el acuerdo Arias Cerjack-Watt, donde el país se abstiene de denunciar y enjuiciar a estadounidenses que hayan cometido delitos o violaciones de derechos humanos.
