La dirigencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD) interpuso ayer ante la Fiscalía Electoral una denuncia contra el ministro de Obras Públicas y secretario del Partido Arnulfista, Víctor Juliao, por la posible comisión de delito ante el despido de un número significativo de funcionarios de esta entidad.
De comprobarse que el ministro Juliao hubiese incurrido en el delito que se denuncia, éste pudiera ser condenado a una pena que va de seis meses a tres años de prisión e igual tiempo de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Héctor Alemán, secretario general encargado del PRD, manifestó que tal denuncia la hacen ante los evidentes despidos que se han dado en diversas instituciones del Estado, sobre todo, en el MOP.
No obstante, hizo énfasis en que las declaraciones que ha brindado Juliao a los medios de comunicación demuestran que estas destituciones tienen como fin dejar el espacio abierto para nombrar personas de los partidos afines al gobierno y citó unas declaraciones del ministro en la que supuestamente éste reconoció que tales "despido son para nombrar arnulfistas".
Explicó que el artículo 2 del Código Electoral dispone en su numeral 3 que está prohibido "obligar directa e indirectamente a los ciudadanos a inscribirse o renunciar a determinado partido político para poder optar a un cargo público o permanecer en él".
Se establece igualmente en el artículo 330 que "se sancionará con penas de seis meses a tres años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años" a quienes incurran en este delito.
El Fiscal Electoral, Gerardo Solís, adelantó ayer que una investigación como esta puede tomar mucho tiempo, ya que se habla de más de 13 mil despidos y habría que investigar el partido político a los que pertenecen estas personas, el funcionario que ordenó su destitución y la razón que lo motivó a hacerlo.
Solís dijo que en el caso que se encuentre a Juliao u otra personas responsable de algún delito por los hechos denunciados, se les sancionará de acuerdo a las penas establecidas en la ley para estos casos.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Italo Antinori, solicitó a todos los funcionarios del MOP que hayan sido destituidos de sus cargos por consideraciones políticas que presenten sus quejas ante su Despacho.
En un comunicado divulgado ayer, Antinori aseguró que realizará una minuciosa investiga en torno al tema, sin embargo, señaló que a la fecha su Despacho sólo está tramitando unas 15 quejas de funcionarios que aducen haber sido despedido injustificadamente.
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