Esta reacción se produjo luego que el pleno de la Asamblea rechazara el proyecto de ley que establecía nuevas normas para combatir la corrupción en la esfera gubernamental.
Uno de los "puntos claves" que establece la propuesta rechazada, es que el Ministerio Público podrá iniciar de oficio, o por denuncia, una investigación por enriquecimiento ilícito, sin depender previamente de una pesquisa de la Contraloría de la República.
La iniciativa también propone que la Contraloría audite, en cualquier momento, las declaraciones de bienes de los funcionarios que están obligados por Ley a sustentarla y que cualquier persona puede presentar una denuncia por ese delito.
La vocera de Alianza Ciudadana, Magaly Castillo, lamentó el rechazo a esta iniciativa que impulsó la Comisión de Estado por la Justicia y argumentó que la misma fue rechazada en la Asamblea, porque incluía a los diputados entre los funcionarios obligados a presentar su declaración de bienes.
Actualmente los diputados oficialistas, sostuvo Castillo, tienen un discurso contrario al que promovieron en la pasada campaña electoral de "cero corrupción". "Es incomprensible que ellos hayan vendido que combatirían la corrupción, y que hoy día, tengan otro discurso", afirmó.
Pero estos señalamientos fueron refutados por el diputado perredista, Jerry Wilson en Canal 4, quien consideró "injusto e inapropiado" que cualquier ciudadano pueda denunciar, sin prueba, a un funcionario.
Agregó que es inadmisible que se le permita a una persona presentar una denuncia, sin tener pruebas suficientes y según dijo, "sólo basta con la escritura pública".
No obstante, Castillo cuestionó los argumentos de Wilson, alegando que se opuso al proyecto porque éste eliminaba la famosa "prueba sumaria" que impide que el proceso no se concrete.
Insistió en que la propuesta presentada en el año 2003 por el diputado de oposición, José Blandón y a la cual la Comisión de Estado por la Justicia sugirió modificar, permite que toda persona pueda denunciar a un servidor si considera que los bienes adquiridos no son compatibles con el salario que tiene.
Castillo argumentó que el propio Wilson se comprometió cuando participó de las reuniones de la Comisión, pero que en la práctica sucedió lo contrario.
Sin embargo, Wilson aclaró que votó en contra porque supuestamente el proyecto fue impulsado por su colega Blandón, quien es diputado panameñista, admitiendo que se equivocaron al rechazar un documento avalado por la Comisión de Estado por la Justicia.
Ante esta situación, el diputado se comprometió a votar a favor de lo propuesto por la CEJ, siempre y cuando esté "en derecho" y que sea revisado el concepto de que cualquier ciudadano pueda denunciar el enriquecimiento injustificado.
Cerca de 30 proyectos de ley, resoluciones y normas se tienen que aprobar y dictar desde este año hasta el 2006 para cumplir con las propuestas de la Comisión de Estado por la Justicia. Los órganos Legislativo y Judicial tienen que aprobar la mayoría de los cambios.
