Contrario a lo que ha dicho la Presidenta de la República y lo que plantean los comerciantes, Herrera dijo que la percepción de ella y de muchas otras personas de diferentes niveles con las que trata a diario, es lo contrario, ya que se ve la situación como muy difícil y sin signos evidentes de pronta mejoría.
Ojalá que las cosas pudieran mejorar en materia económica, porque sería muy positivo para todo el país, no sólo para el Gobierno, sino para todos los panameños, pero pareciera que no hay signos reales de recuperación, opinó.
Añadió que el Gobierno había planteado que algunas medidas, como la aprobación de modificaciones a la Ley del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), tendría efectos inmediatos sobre la economía, sin embargo, no ha sido como se esperaba.
La burocracia estatal y la falta de transparencia en los actos públicos del Gobierno se han constituido en un obstáculo para que el dinero del FFD tuviera su impacto en la economía nacional, expresó.
Herrera dijo que además hay que tener presente que la falta de seguridad que se vive en las calles y los atentados contra funcionarios y empresarios, se constituyen en otro elemento que es capaz de obstaculizar la mejoría de la economía nacional y a lo cual hay que prestarle mucha atención. Todos son elementos que tienen incidencia y pueden contribuir a que la economía mejore o siga estancada como hasta ahora.
"Dios quiera que la situación mejore" como quiere la mayoría de los panameños, pero para lograrlo se requiere un esfuerzo extra de parte de todos, y, sobre todo, de los gobernantes que son los que deben dictar la política que debe propiciar que se mejore la situación actual, manifestó.
Añadió que los otros dineros sustraídos por el entonces coronel Mina Justiniani, los cuales constan en un expediente de la Procuraduría General de la Nación, también fueron retenidos, así como los cheques extraviados y que eran producto de las aportaciones de los socios de la asociación.
"Esos fondos fueron a parar al tesoro común y a esta fecha, lo más seguro es que han sido usados, por lo que el Estado ha utilizado y tiene en su poder bienes particulares, producto de los aportes que centavo a centavo ha hecho cada uno de los socios", indicó Batista.
También manifestó que la Casa de Piedra ubicada en el barrio de El Chorrillo es un bien de la AMIFUP, por el que se han hecho ingentes esfuerzos para lograr un lanzamiento de los intrusos que actualmente la habitan y que en su mayoría no son panameños, sino extranjeros e indocumentados.
Sin embargo, los gobiernos anteriores han paralizado el lanzamiento de estas personas de la Casa de Piedra, inmueble que tiene una inversión de 1.2 millones de dólares, señaló Batista.
Agregó que el mismo caso confrontan con unos terrenos en Felipillo que fueron invadidos y por los que hay pendiente una negociación con el Banco Hipotecario Nacional, pero esta gestión también está paralizada.
Según Batista, los casi 14 mil socios de la AMIFUP que custodian las calles de las ciudades o están apostados en las fronteras del país, se encuentran con que sus dineros no están en líquido en las arcas de la asociación, sino que han sido utilizados erróneamente por el Estado, o han sido invertidos en bienes que tienen que transformarse en líquido.
"Los distintos estamentos de los gobiernos posteriores a 1990, no han dado la celeridad adecuada para que se pueda cumplir con un principio básico de derecho, que es darle a cada uniformado lo suyo", subrayó Batista.
Explicó que antes de 1990 era de carácter obligatorio ser miembro de esta asociación, pero ahora la afiliación es voluntaria. Anterior a la invasión, la AMIFUP contaba con el Supermercado El Paco, que vendía artículos a más bajo costo a los uniformados. Igualmente, cuando esta asociación manejaba 40 millones de dólares, se daban préstamos e hipotecas a los socios.
"Por razones de iliquidez estos servicios se han parado, pero poder garantizar un retiro decoroso a los socios es lo que se quiere cumplir, ya que ellos lo único que están pidiendo es lo que con su sudor y esfuerzo han aportado", indicó Batista.
Reiteró que existe un expediente en la Procuraduría General de la Nación, donde consta que soldados norteamericanos detuvieron al coronel Mina Justiniani y subalternos con casi 313 mil dólares, monto que fue remitido a la Contraloría para su custodia y que luego el contralor Carles depositó en el arca estatal.
"Cuando la Procuraduría General de la Nación le conminó a devolver estos fondos a sus legítimos propietarios, el señor (Carles) simple y llanamente hizo caso omiso", manifestó Batista.
La AMIFUP ha tenido una serie de administraciones desde el año 1990, y la actual, que rige desde 1998, es la que realiza las gestiones para recuperar los fondos de esta asociación, que según Batista, han generado intereses que no están incluidos en la petición, pero que podrían ser sujetos de negociación.
Sobre la petición de la AMIFUP, El Panamá América contactó al contralor de entonces, Rubén Darío Carles, quien se limitó a decir "no me acuerdo, cuando tú averigûes en la Contraloría, háblame".
No obstante, el Informe del Contralor General de la República del 1 de marzo de 1991, en su Capítulo 1 sobre la Situación de las Finanzas Públicas, expone la Situación de Ingresos y Gastos del Gobierno Central, estableciendo como Ingresos No Tradicionales-No Recurrentes los que fueron producto de fondos, ya sea en efectivo o en cuentas bancarias, encontrados después del 20 de diciembre de 1989.
"Los fondos en efectivo corresponden al dinero decomisado por las autoridades de los Estados Unidos en poder de altos personeros del régimen anterior y a los encontrados en la bóveda de la Lotería Nacional. El resto está compuesto por los excesos encontrados en las cuentas bancarias de algunas entidades descentralizadas y otros fondos que no se justificaba su existencia. Estos ingresos No Tradicionales-No Recurrentes, también fueron incorporados a los ingresos presupuestarios del año 1990", subraya el informe.
El actual contralor, Alvin Weeden, no accedió a hacer comentarios sobre el caso de la AMIFUP, a diferencia del ex presidente de la república, Guillermo Endara, quien sí se pronunció señalando que los altos miembros de las antiguas Fuerzas de Defensa se apoderaban de la plata de esa asociación.
"Lo que me viene a la memoria es que cuando llegué al poder, esa asociación estaba totalmente saqueada, fue una canallada, pues le robaron a los guardias que son personas humildes", declaró Endara a El Panamá América.
A juicio del ex gobernante panameño los "grandes jefazos" del Estado Mayor de las antiguas Fuerzas de Defensa hacían lo que "les daba la gana" con los dineros de la AMIFUP.
Para Endara, el Estado no es responsable de lo que aconteció con esos fondos, porque fueron personas individuales las que los tomaron. "Cuando nosotros cogimos el Estado, no había nada de plata. Eso de que había cheques serían papeles sin pago de ninguna clase", puntualizó Endara.
"Vale la pena que se investigue, sobre todo aquéllo que se refiere a la sustracción de dineros por altos oficiales del Estado Mayor", indicó Endara. Consultado sobre este caso, el ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Luis H. Moreno, dijo que mientras estuvo al frente de la institución en el período post invasión nadie solicitó que se rindieran informes sobre los presuntos dineros pertenecientes a la AMIFUP.
En su opinión, lo que tienen que hacer los que reclaman dineros de esta índole es "verificar a nombre de quién estaban esos fondos y dónde estaban esos dineros, eso es lo que tienen que hacer".
También el ex contralor general de la república, José Chen Barría, se refirió a este caso indicando que no tuvo relación con el mismo, debido a que en el período en que se ventiló, todavía no estaba en la Contraloría, pues laboraba en Migración.
El director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, declaró que esta entidad dará trámite a la queja planteada por los miembros de la AMIFUP.
"Estamos convencidos de que las autoridades deben en la medida de su competencia, por lo menos dar una respuesta satisfactoria a esta asociación de reservistas sobre el destino de sus fondos", manifestó Gutiérrez. Agregó que la Defensoría del Pueblo no sabe en qué tiempo pueda el Estado reconsiderar este caso, como tampoco cuál es el verdadero monto de los dineros que exige la AMIFUP le sean devueltos.
"Ahora iniciamos las investigaciones, pero definitivamente la queja ha sido admitida y se va a tramitar", subrayó Gutiérrez. Explicó que dentro del trámite está la solicitud de informe sobre el tema al Banco Nacional de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. "Una vez que nos respondan y tengamos la información completa, evaluaremos qué gestiones podemos hacer en pro de que ese dinero regrese a su legítimo dueño", puntualizó Gutiérrez.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
