Los opositores partidos Revolucionario Democrático (PRD) y Demócrata Cristiano (PDC) se mostraron ayer pesimistas de que un diálogo nacional, en el cual la Iglesia Católica sea garante, sirva para solucionar los principales problemas del país.
Aunque manifestaron su disposición de participar en una conversación nacional, los partidos aliados en el Acuerdo Mejoramiento y Transformación de la Asamblea (META) coincidieron en que la crisis del país no se debe a la falta de diálogo.
Ambos partidos hicieron circular comunicados con contenidos similares, en los cuales mencionan que la propuesta de un diálogo nacional no es nueva y siempre queda en intenciones.
El comunicado del PRD, que expresa la posición de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), señala que esta es la tercera ocasión en que fuerzas políticas afines al gobierno convocan a un diálogo nacional, refiriéndose al presidente del Partido MOLIRENA.
"El agravante en esta ocasión es que ni la presidenta Moscoso, ni su partido se han comprometido con la iniciativa, por lo que sus perspectivas de éxito son más remotas", manifiesta el comunicado del PRD. Por su parte, el PDC emitió un comunicado suscrito por el presidente del partido, Rubén Arosemena, en el cual sostiene que la crisis económica que atraviesa el país amerita que la mandataria Mireya Moscoso asuma un liderazgo más activo, que permita afrontar el deterioro de la economía del país.
"Hace casi un año propusimos la convocatoria a un foro económico y a pesar que el Ejecutivo señaló que éste se iba a realizar, quedó en supuestas intenciones", se desprende del comunicado democristiano. Agregó que el foro natural y democrático por excelencia es la Asamblea Legislativa.
De realizarse un diálogo, el mismo debe tratar principalmente la crisis económica, debe garantizarse la participación de Moscoso -y las figuras más representativas del gobierno- y debe definir líneas de acción y fechas de cumplimiento. El PDC advirtió que su participación en un diálogo nacional no puede estar condicionada a renunciar de su función de fiscalización del manejo de la administración pública.
