Unos 200 precaristas que invadieron 43 hectáreas de terreno del Asentamiento Unión Campesina de Burunga marcharon hasta el Consejo Municipal de Arraiján para exigir a las autoridades que se castigue a los funcionarios que ordenaron el desalojo de las tierras mediante el uso de la violencia. Los precaristas, luego de permanecer toda la noche en una barraca construida en las faldas de Cerro Castillo, en Burunga, se concentraron a las 8:00 de la mañana para emprender la marcha con pancartas y gritando consignas por toda la calle hasta llegar a la carretera Interamericana, ocupando un paño de la vía y abarrotando posteriormente las puertas de las instalaciones del Concejo.
Las autoridades locales aprobaron una cortesía de sala a una comisión representativa de los precaristas, encabezada por Carlos Castillo, quien en su intervención acusó al alcalde Jaime Barroso, a la corregidora Suhey Magallón y al director de Legal y Justicia, Abdiel Abreu, por haber ordenado el desalojo de forma inhumana a humildes familias que sólo exigen una solución habitacional. Denunció que fueron fuertemente reprimidos por las autoridades alcaldicias y tiene como evidencia cartucho de escopeta 12 y 16 bombas lacrimógenas lanzadas por antimotines.
Advirtió a las autoridades que los precaristas están dispuestos a permanecer en el lugar hasta las últimas consecuencias porque todos los afectados desalojados por los funcionarios municipales requieren de una solución habitacional urgente, debido a las condiciones de pobreza en que viven. En tanto, los representantes de Arraiján cabecera, Fausto Araúz y Gustavo Witaker, de Veracruz, solicitaron una investigación de los hechos y de comprobarse que se utilizó la fuerza excesiva se ordene la destitución inmediata de la corregidora de Arraiján cabecera y el director de Legal.
Por su parte, el alcalde Jaime Barroso calificó como falaces los argumentos de los precaristas durante su intervención en el Concejo, debido a que el propio legislador Vicente Magallón en un medio local, denunció que personas acusaban a Castillo de recibir dinero a cambio de un lote. Aclaró que el Municipio de Arraiján sólo cuenta con una retroexcavadora y no tantos equipos como han denunciado los medios, aunque se encontraba fuera del país cuando ocurrieron los hechos.
