El Centro Penitenciario La Joya ha perdido un total de 409 hectáreas de sus terrenos, lo que representa el 20% de las 2 mil 30 hectáreas que son de su propiedad.
Esta pérdida de terrenos se debe a las invasiones legales e ilegales por parte de precaristas y el propio Gobierno desde 1999 a 2009.
Los terrenos están ubicados en la Finca 1607, con Tomo 30, Folio 232, que tiene una superficie aproximada de 2 mil 30 hectáreas, según la Dirección de Planificación y Proyectos del Ministerio de Gobierno y Justicia. El uso del terreno se haría en dos etapas: en la primera se utilizarían 800 hectáreas y en la segunda las otras 1,230.
De las 800 hectáreas de la primera etapa, 347 están destinadas a un programa agropecuario (equino), desarrollado con los internos, mientras las 453 hectáreas restantes están en uso, en las que se incluyen las 22 hectáreas ocupadas por los edificios de los centros penales La Joya y La Joyita.
La mayor parte de las 800 hectáreas están ocupadas por invasiones y barriadas construidas de 2001 a 2002, con 250 hectáreas, durante el gobierno de Mireya Moscoso,
En el Gobierno de Martín Torrijos, siete hectáreas fueron tomadas por el Ministerio de Vivienda (MIVI) para la construcción de casas en Las Garzas y otras tres hectáreas para la barriada “Mi Balbina”.
Las restantes 149 hectáreas han sido invadidas por 200 precaristas que desde hace tres meses se tomaron los terrenos aledaños a La Joya.
Estos precaristas manifestaron que hicieron una invasión organizada, ya que se formaron en un grupo que solicitó al MIVI la legalización de sus terrenos para empezar a construir.
Uno de los precaristas informó que cuando se organizaron, el MIVI les dijo cuáles terrenos debían ocupar y cuáles no.
Oposición.
La Dirección de Planificación y Proyectos del Ministerio de Gobierno y Justicia informó que el uso de la Finca 1607, mediante las consideraciones legales DE Nº 45 del 27 de marzo de 1991, las áreas no utilizadas en el proyecto de centro penal, podrán destinarse a otro fin.
El resulto Ministerial Nº 121-R-053 del 19 de abril de 2000, basado en el Decreto Ejecutivo Nº 139 de 16 de junio de 1999 que crea la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), señala que estos terrenos serán usados por los internos para realizar actividades agrícolas en proyectos de granja integral, y otros programas con apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales.
La Dirección de Planificación y Proyectos recomienda lograr el desalojo de los terrenos por los ocupantes precarios.
El Ministerio de Gobierno y Justicia indicó que sería prematuro decir qué decisiones se tomarán. El equipo legal del Ministerio evalúa la situación, por lo que solicitaron información sobre la ubicación específica de los invasores. En los próximos días, tendrían el panorama más claro y se podrá tomar una decisión.
En espera.
Sobre la supuesta autorización que dio el MIVI a los precaristas, la directora de Asentamiento Informal del MIVI, Grace de Clarke, dijo que la institución “nunca le da autorización a nadie para incursionar en un terreno, ya sea del Gobierno o privado, sin que primero se legalice".
Si el terreno es privado, el titular de la propiedad tiene el derecho de sacarlos de allí, pero si es del Gobierno, pueden ver si en realidad esas personas necesitan y allí levantan un censo.
El MIVI se ha apersonado al lugar, y espera la decisión que tome el Ministerio de Gobierno y Justicia si les cede el terreno o los desaloja.
