La medida administrativa de contención del gasto público por unos 100 millones de balboas, que aplicó el Estado al presupuesto general del 2003, podría afectar a los empresarios, pues para John Bennett aunque la inversión del sector productivo es la que más incide sobre la economía, la falta de liquidez del Gobierno, genera preocupación.
"Posiblemente y no es necesario, pueda que afecte en algo, pero depende en qué consiste y en qué sectores se haga la contención", sostuvo el empresario.
Según el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la contención que aplica el Gobierno no significa necesariamente que no se paguen las cuentas a los proveedores, porque de lo contrario sí podrían existir mayores efectos hacia el sector empresarial.
Bennett aseguró que el dejar de invertir en proyectos sociales, claro que representa un pequeño daño a la economía, pues todos los beneficios van enlazados con la recuperación económica del país.
La contención significa que se ejecutarán solamente los proyectos que están en marcha y los nuevos no serán incluidos. "En cierta medida lo que más afecta a la economía son las inversiones que no hagan los sectores productivos del país, y el Gobierno no es uno de esos sectores en todo el sentido de la palabra", expresó Bennett.
Sostuvo que en varias ocasiones han abogado por la reducción del tamaño del presupuesto del Estado, enfocándose en las medidas necesarias para reactivar la inversión privada.
Otro factor que provoca la conducta de los consumidores es que los panameños somos consumistas por naturaleza; la calidad de la publicidad es excelente, advierte Acosta y miles de personas son víctimas tanto de la publicidad engañosa como de la publicidad subliminal.
Según Acosta, las quejas y problemas de secuestro son frecuentes en todos los sectores, sin embargo, se destacan los problemas con las mueblerías. Los casos han llegado hasta la Fiscalía Anti Corrupción, no obstante, los trámites son demasiado largos y las cuantías ascenden en más de 10 años a más de B/ 60,000,000. 00 (sesenta millones).
Desde 1992, la Oficina de Protección al Consumidor del Ministerio de Comercio e Industria, de la cual Acosta fue director, son frecuentes los préstamos personales en las mueblerías en los que se pide prestado B/. 500.00, pero se firma un contrato de venta con retención de dominio; es decir, se establece que se debe B/. 2,000.
El problema se agrava debido a que las mueblerías tenían contactos con corregidores y jueces municipales que enviaron notas a la Contraloría para que procedieran a descontar en concepto de Pensiones Alimenticias.
Según Acosta, muchas autoridades fueron descubiertas y procesadas judicialmente porque se comprobó la falsedad de las acusaciones y la falta de expedientes probatorios.
El desencanto de Acosta es evidente y afirma que estos casos acumulados en los Tribunales correspondientes y con más de 11 años de espera, es un grupo de la misma gente con los mismos mecanismos y nunca se le ha dado una lección de justicia a nadie. Se sabe quiénes fueron los jueces, los corregidores y las personas involucradas, los muebleros que violaron las leyes y nada se ha resuelto. Se conocieron casos de policías que se le descontaron de sus salarios en concepto de pensiones alimenticias cuando en realidad eran deudas a una mueblería. La mujer demandante era la esposa del dueño de la mueblería.
Lea con calma todo el contrato y busque orientación para que le expliquen el significado de cada cláusula. Solicite explicación sobre algunas palabras que no sabe el significado.
Evite contraer deudas más allá de lo que su presupuesto le permite.
Los préstamos para solucionar problemas de índole económica son un engaño, a la larga, la persona termina pagando más de lo que debe.
Tenga cuidado de no firmar nunca letras o pagarés en blanco. Solicite la garantía (escrita) de ada mercancía que compre. Guárdela y verifique su estricto cumplimiento. Guarde siempre el contrato firmado y de los pagos efectuados (talonarios o recibos de pago) .
Verificar que al solicitar un préstamo, los intereses sean los más bajos de la plaza. La tasa de interés debe estar reflejada en el contrato.
El tarjetahabiente debe ser responsable con el uso de las tarjetas de crédito, porque como no se paga en efectivo, se pierde el control de los gastos con mucha facilidad. Verifique que los intereses sean los más bajos en el mercado.
También se consultó a Sadina Correa, jefa del Departamento de Asistencia al Consumidor y Conciliador de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), oficina que atiende a los consumidores con problemas relacionados con el consumo personal, doméstico, entre otros.
Según Correa, una práctica frecuente en Panamá es que personas que tienen crédito en las mueblerías proceden a solicitar dinero y le hacen firmar un contrato que dice que retiraron una refrigeradora cuando en realidad lo que sucedió es que le prestaron B/. 400.00. Esta situación es muy frecuente en el interior del país.
La competencia de la CLICAC le permite resolver las denuncias de los consumidores en lo que respecta a las garantías de la mercancía. Si esta garantía no se cumple, la institución llama a las partes a una audiencia de conciliación. Si la empresa no acude o no está dispuesta a conciliar, la CLICAC emite una resolución que puede obligar a la empresa a que devuelva el dinero, reponga la mercancía o que repare la mercancía. Cuando la suma devengada es superior a los B/. 500.00 se realiza una investigación administrativa e implica otro procedimiento.
Las acciones de orientación de la CLICAC son múltiples, según explica Correa, y van desde informaciones comparativas de precios en los medios de comunicación; también se advierte de la necesidad de cumplir con las condiciones de la garantía muy frecuente en los casos de mantenimiento del automóvil que le exige al consumidor a acudir al taller cada 5,000 kilómetros. Por lo general los consumidores no le dan la importancia que esta cláusula tiene y en consecuencia acuden muy tarde a reclamar lo que ya no se puede reclamar, porque no han cumplido las especificaciones del contrato. De acuerdo con Correa, las acciones de secuestro por deudas, la CLICAC no tienen competencia debido a que son una vía administrativa para la solución de las quejas.
