La aprobación de la Ley 32 que reforma disposiciones procesales y adopta medidas para facilitar la acción del Estado contra el delito, generó intranquilidad entre grupos de derechos humanos, ante la posibilidad de que se viole el principio constitucional de la defensa del imputado.
Según quejas recibidas en Panamá América, la frase "la ausencia del abogado defensor o del querellante no es causal para la suspensión de la diligencia", podría dejar sin defensa al inculpado.
Sin embargo, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, considera que esto no es así, porque en el mismo artículo se establece claramente que la diligencia se hará "con comunicación previa a las partes".
Indicó que por lo general se trata de rondas de reconocimiento que hace, en algunos casos, la misma Policía Nacional y se utiliza a agentes policiales o personal administrativo para ver si la víctima puede reconocer al autor de un delito como robo, violación carnal u otro similar.
Mientras que Jorge Alberto Rosas, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, que discutió en primer debate el proyecto, explicó que esta posibilidad fue considerada, pero no se encontró razón que apuntara hacia la inconstitucionalidad.
