El secretario general del Consejo Municipal de Panamá, Luis Eduardo Camacho, mediante una carta abierta a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, mostró su preocupación en torno al manejo que se le puedan dar al caso de las osamentas encontradas en el antiguo cuartel de Los Pumas en Tocumen.
En la misiva Camacho considera imprescindible advertir que sería un pecado contra la Patria y la memoria de los desaparecidos y asesinados, buscar como pretenden algún protagonismo y ganancia política con el tema, así como politizarlo para ocultar las verdades que tarde o temprano surgirán, añadiendo que si este tema se politiza nadie gana, perdemos todos.
"Esta es una valiosa oportunidad para llevarle la paz a quienes a lo largo de los años, han buscado vencer la incertidumbre y tener la oportunidad de darle una sepultura digna a sus familiares. Tampoco debemos desaprovechar este momento, para conocer los pormenores y a los responsables de esta macabra acción, no para revivir rencores y atarnos al pasado, sino para que se conozcan los errores y corregir la impunidad de estos hechos, buscando que nunca más se repitan", precisó.
El autor de esta carta le recuerda a la presidenta Moscoso que esta es un oportunidad para darle credibilidad y fortalecer las maltrechas instituciones democráticas, considera que esta es una prueba no sólo para el Ministerio Público y el Organo Judicial, sino para la democracia panameña.
Ante todas estas inquietudes Camacho considera varias propuestas entre las que destaca, que este tema debe ser manejado a través de una Fiscalía y un Juzgado especial, cuyos miembros gocen de la credibilidad de todos los panameños.
También le transmite al procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, su preocupación al escuchar la designación de los fiscales designados a investigar los casos surgidos a raíz de las excavaciones (Carlos Augusto Herrera, Dimas Guevara, Rolando Rodríguez), agregando que uno de ellos fue ampliamente cuestionado en el pasado por familiares de las víctimas de la dictadura.
Considera que si el Organo Ejecutivo desea colaborar debe presentar pronto ante la Asamblea Legislativa la solicitud de los créditos adicionales necesarios para la creación de la Fiscalía y el Juzgado Especial.
Indica que la Comisión de la Verdad debe ser creada y reglamentada pero su conformación debe dejarse en manos de la Iglesia Católica.
Precisa que las investigaciones sobre este tema no deben darse bajo un hermetismo exagerado que produzca especulaciones.
El firmante confía que la presidenta de la República en su condición de mujer, madre y máxima funcionaria electa por los panameños, hará que sus acciones estén orientadas hacia la búsqueda de la verdad, la justicia y la verdadera reconciliación de los panameños.
Esta carta se da con copia a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mirtza F. de Aguilera; el presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo; al Arzobispo de Panamá, José D. Cedeño; y al procurador general de la Nación, José Antonio Sossa.
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