La deserción escolar sigue siendo un problema preocupante para casi todas las naciones latinoamericanas, y Panamá no es la excepción.
De acuerdo con el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), denominado Panorama Social de América Latina para el bienio 2001-2002, los índices de deserción escolar en Panamá llegaron al 25% al iniciar la década con una tendencia a ir disminuyendo.
Según el informe elaborado por el organismo, para el año 2000 la tasa global de deserción entre los adolescentes antes de completar la educación secundaria era inferior a 20% sólo en las zonas urbanas de Bolivia, Chile, Perú y República Dominicana.
Panamá, junto con Argentina, Brasil y Colombia, se encontraban en el rango de países donde la deserción escolar fluctúa entre el 20 y el 25 por ciento.
En Panamá, detalla, entre el 50% y el 60% del total de las deserciones se producen en el nivel medio de enseñanza, con mayor preponderancia en los últimos años de la educación secundaria.
Pese a ello, el Panorama Social 2001-2002 reconoce que durante la pasada década los países latinoamericanos lograron avances significativos para reducir la deserción escolar en las áreas urbana y rural. En este último sector, la reducción fue más notable.
Sólo en Panamá la reducción de los niveles de deserción fue del 3% en las zonas urbanas y 11% en las rurales. Países como Brasil presentaron reducciones de 17 puntos en las áreas urbanas y de 29 puntos en las rurales; mientras que Chile mostró niveles de disminución de 7 y 24 puntos para las zonas urbanas y rurales, respectivamente.
La evaluación realizada en 18 países latinoamericanos mostró datos novedosos, como que las niñas desertan menos del sistema educativo que los varones en las zonas urbanas. Mientras que en las zonas rurales son las que en mayor porcentaje se salen del sistema, y más en los primeros grados.
También se destaca que los niños que viven en hogares con bajos ingresos son los que con mayor frecuencia no terminan la escuela. Otros factores que inciden en la salida son el trabajo, el embarazo precoz y la falta de recursos.
El estudio, que estimó la deserción escolar en la década del 90 en base a las encuestas de hogares y el análisis de la situación escolar de los adolescentes, recomendó a los gobiernos latinoamericanos darle prioridad en sus agendas sociales a los programas destinados a reducir el abandono escolar.
Indicó que en el caso del bus de la ruta Ciudad del Futuro- Panamá, que provocó el accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera, donde murieron cinco personas, la ATTT no puede cancelar ese certificado de operación porque la ley no lo expresa en estos casos.
Destacó que se debe cambiar la legislación para que en los accidentes como el que ocurrió en la autopista, la ATTT pueda cancelar inmediatamente el certificado de operación.
Explicó que son las empresas concesionarias las que deben solicitar en primera instancia la cancelación de los certificados de operación cuando sus miembros incurran en violaciones a sus reglamentos disciplinarios.
“Se hace necesario dotar a la autoridad con las herramientas para que pueda actuar con mayor energía”, destacó el funcionario.
Como una de las primeras medidas que se han adoptado al volver el transporte público al ojo de la tormenta, ha sido retener las licencias a los conductores que presenten el documento vencido, señaló Torres.
Indicó que la medida se ha adoptado debido a la morosidad de B/.30 millones que tienen los conductores con la ATTT en pago de multas y porque muchos circulan hasta con B/. 8 mil en boletas.
De acuerdo con el funcionario, por el hecho de que la licencia vence cada cuatro años, existen un sinnúmero de conductores que acumulan una serie de boletas en sus historiales y esperan al final “un padrino” que les exonere las multas cuando van a renovar el documento.
Explicó que el conductor que sea detenido con licencia vencida deberá buscar a un familiar o amigo con una licencia vigente para poder llevarse el vehículo y así poder obligar al conductor a pagar las boletas que ha acumulado para poder renovar su licencia.
Torres señala que es urgente ejecutar el sistema de licencias inteligentes donde el agente o inspector de tránsito pueda, con un instrumento, percatarse de la cantidad de boletas y dinero que adeuda el conductor.
Otra medida ha sido la de habilitar una sección de gestión de cobros que se encarga de llamar telefónicamente a todos los conductores que tengan altas deudas en materia de multas con la ATTT.
Por su parte, el presidente de la Comisión Legislativa de Transporte, Marcos González, es partidario de que se retenga las licencias a todos los conductores que cometan una falta al Reglamento de Tránsito hasta tanto paguen la multa.
Una fuente de la ATTT comentó que en el pasado, cuando se aplicaba esta medida, los conductores solicitaban a los policías de Tránsito que les firmaran una boleta falsa con la fecha más reciente para poder circular en las carreteras.
Según González, muchos ciudadanos se oponen a la medida porque van a pagar justos por pecadores y porque además, en el pasado, cuando se aplicaba esto, las licencias se perdían.
No obstante, el legislador piensa que la pérdida de licencias retenidas es un problema administrativo que puede ser subsanado por la actual administración.
Los talleres también están en la mira de la ATTT, ya que según Torres, el 70% de estas empresas entregan el revisado sin verificar mecánicamente el equipo.
Torres señaló que la ATTT propuso la creación de talleres diagnóstico para hacer cumplir el revisado vehicular como dice la norma, pero los dueños de estas empresas han salido a denunciar que se les quiere desplazar del mercado.
El funcionario advirtió que es necesario cambiar la actual situación, para que se cumpla debidamente con el revisado vehicular por parte de todos los automovilistas.
Al taller Reparaciones Diesel Jimmy, que dio el revisado al autobús 8B-2744, que ocasionó las cinco muertes en la autopista Arraiján-La Chorrera, le fue impuesta una multa de B/.1,500.00.