El especialista en materia de aviación civil, Gregorio Montecer, expresó su preocupación porque con la reestructuración del sector se invertirán cerca de B/.17 millones por intermedio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y no a través de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC).
A juicio de Montecer, es prudente que por tratarse de una inversión tan importante se debe hacer más pública a través de la AAC y ateniéndose a lo que establece la Ley 56 de Contratación Pública para saber qué se comprará y dónde se instalará.
El dinero debe ser utilizado para la compra de aparatos dirigidos a modernizar la navegación aérea a través de la compra de radares, de radiocomunicación, aparatos para los controladores, así como algunos aspectos de infraestructura de aeronáutica.
Este es un plan a largo plazo y debido a lo costoso, se espera que una vez se inicie la ejecución del plan sea de manera integral tomando en cuenta todas las especialidades que involucran la aviación.
Montecer indicó que la OACI debe brindar la orientación técnica en la adquisición e instalación de los equipos, pero el proceso de contratación debe hacerlo la ACC en base a lo que dispone la ley de contrataciones públicas.
Hizo un llamado a los regentes de la ACC para que se reformule la manera cómo se va a contratar esta inversión que es del Estado panameño.
Benedicto Santos, representante suplente de Soná y miembro del Centro de Gestión Local para el Desarrollo (CEGEL) en este distrito, se pronunció a favor de que el proyecto sea aprobado tal como está, ya que las organizaciones del área opinan que es lo mejor.
Insistió en que sería conveniente que se le solicitara a la Presidenta el llamado a sesiones extraordinarias.
No obstante, según el director de ANAM en Veraguas, Bernardo Brea, "por lo menos una vez por semana funcionarios de vigilancia, localizan y registran barcos pesqueros ejerciendo su actividad dentro de las aguas del Coiba".
Indicó que la cantidad de hallazgos varía, sin embargo, se han hecho muy frecuentes, por lo que se hacen los ajustes necesarios para establecer una vigilancia más efectiva.
Brea aseguró que los barcos encontrados durante la presente semana constituyen una prueba contundente de esta situación que es afrontada por los funcionarios que laboran en el área.
Mencionó que en este caso se presume que los mismos tenían poco tiempo de estar en el área, ya que al momento de ser abordados fueron revisados y no tenían en sus neveras ninguna especie cuya pesca esté prohibida, a parte de que en horas de la mañana de ese día se hizo un patrullaje de rutina y no se les encontró.
Brea explicó que según el procedimiento establecido, ellos están en la obligación de abordar estas naves, revisarlas, tomar los datos de las mismas para enviar un reporte a la Autoridad Marítima para que proceda con las sanciones correspondientes.
