La junta comunal de este lugar organizó cursos de matemáticas, español e inglés, en los cuales participaron más de 40 niños de diferentes sectores. Esta actividad educativa tuvo como sede la Escuela Pedro J. Ameglio.
Precisó que lo que se les pagó no cubre una ganancia para él. "Pasé una cuenta para facilitarle el servicio. Fue un trabajo que superaba con creces esa plata. Yo no vendo eso por menos de 10 veces ese dinero que se pagó", reiteró.
Montenegro detalló que ocurrió igual con otros cuatro contratos, pero para la compra de divisiones modulares y mobiliario para los juzgados y despachos del edificio sede de la Corte Suprema de Justicia, aunque Arjona argumentó que también existía urgencia evidente.
Montenegro explicó que entre junio y noviembre de 2003, Arjona autorizó la compra de este mobiliario con una sola empresa, la Figuer Panamá S.A., seccionando los contratos con diversos montos, inferiores a los 250 mil balboas para evitar la realización de una licitación.
En total, precisó Montenegro, a esta empresa se le aprobaron contratos por 405 mil 596 balboas, sin que se realizara una licitación como lo establece la Ley 56 de contrataciones públicas.
"Con esto está demostrado que hubo asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias e irregularidadades en sus funciones tanto del magistrado Arjona como del ex contralor Alvin Weeden", afirmó Montenegro.
El contrato para elaborar una cuña de televisión fue por B/. 9 mil 750 y el de la campaña de divulgación audiovisual para la Escuela Judicial fue por un monto de B/. 9 mil 826.
La ley establece que por montos superiores a los 10 mil balboas se debe realizar el proceso de solicitud de precios.
