Un amparo de garantías constitucionales fue presentado en la Corte Suprema de Justicia contra el contralor general de la República, Dani Kuzniecky, por tomar presuntamente decisiones en la designación del tesorero municipal de Bocas del Toro, el cual corresponde a los alcaldes de la provincia, informó el abogado Jorge Mottley.
Mottley señaló que en este caso hay una evidente alteración del orden constitucional que se ampara en resoluciones emitidas en el Municipio de Bocas del Toro.
El abogado explicó que se efectuó una designación extemporánea de la nueva tesorera por parte del Consejo Municipal, facultad y responsabilidad contemplada en la Constitución Nacional en el artículo 242 numeral 8, donde esta asignación le corresponde al alcalde. En tanto, el Consejo Municipal tomó esta responsabilidad y nombró al tesorero el 22 de marzo de este año, recayendo el cargo en Marianela Lou, situación que según el denunciante ha sido avalada por el contralor.
Actualmente se mantienen 26 funcionarios del Municipio de Isla Bocas en un paro militante al no recibir su retribución de pago quincenal hace dos semanas, por un impedimento impuesto por el contralor, denunció Mottley.
"Es un atropello por parte del Contralor al tener paralizada la parte administrativa del Municipio, las actividades han sido suspendidas, no se pueden comprar los materiales de trabajo, por lo que es un irrespeto", denunció Eligio Binns, alcalde de Isla Bocas.
El alcalde Binns también señaló que toda la documentación que envían y hacen llegar a control fiscal a nivel provincial rebota hacia su despacho y ni siquiera las recibe.
