Una demanda de inconstitucionalidad por la cual se pretende eliminar las partidas circuitales asignadas a los 71 legisladores fue presentada ayer ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados Ramiro y Silvio Guerra.
Dentro del recurso presentado contra la Ley 35 de 1999, por la cual se modificó el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y se dispuso la creación de un fondo para las partidas circuitales, se establece que la Constitución señala que es competencia del Organo Ejecutivo la elaboración del proyecto de presupuesto general del Estado y que sólo corresponde a la Asamblea su examen, rechazo o aprobación.
También señala que en su reglamento interno la Asamblea establece que su presupuesto no será inferior al 2% de los ingresos corrientes del gobierno central, incluyendo en aquel lo relativo a las partidas circuitales y que esta disposición constituye una limitación a la facultad constitucional del Organo Ejecutivo de elaborar el proyecto de presupuesto del Estado.
A la vez, esta situación introduce una desestabilización asombrosa en la cosa pública y estrechamente relacionada con el proyecto de presupuesto, ya que se menoscaba la libertad y constitucional competencia del Estado.
En la actualidad los legisladores manejan un total de B/.38.1 millones en concepto de partidas circuitales, que algunos sectores han señalado deben ser asignados a otras instituciones encargadas de ejecutar obras de carácter social.
La Ley 35 de 30 de junio de 1999 adicionó el artículo 247-A al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, por la cual se incorporó la separación de un 2% del presupuesto nacional para las partidas circuitales.
De acuerdo con ambos abogados la situación planteada debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia según las disposiciones legales vigentes y en estricto apego a lo señalado dentro de la Constitución.
Se ha planteado que estos recursos deberían ser asignados a los representantes de corregimiento, quienes son los encargados de conocer las necesidades de las comunidades y elaborar la ejecución de proyectos para la solución de los problemas comunales.
