Un grupo de abogados actuando en representación de movimientos estudiantiles universitarios presentó una denuncia penal contra el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, y el director de la Policía, Carlos Barés, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y detención ilegal contra un grupo de funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) y dirigentes sindicales.
El abogado Oliver Alexander Rodríguez sostuvo que la denuncia también se fundamenta en que durante las protestas las unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional colocaron gruesas cadenas en la entrada y salida principal de la Universidad de Panamá.
Rodríguez expresó que esta acción de las unidades policiales impidió la entrada y salida de estudiantes, administrativos y profesores, quienes a raíz de los enfrentamientos intentaban abandonar el campus universitario.
También aseguró que los estudiantes, el personal administrativo y docente sufrieron una ilegal e injusta privación de la libertad, resultando claro que la Universidad de Panamá fue convertida, por el imperio de la fuerza, en una gran prisión.
Como prueba de estos hechos el grupo de abogados presentó una cinta de vídeo con vistas de los diferentes noticieros emitidos los días 11 y 23 de este mes, en donde se observa a unidades de la Policía lanzando gases lacrimógenos contra las instalaciones de la CSS y la Universidad de Panamá.
En las vistas se incluyen escenas de daños causados por algunos agentes policiales contra bienes y propiedades de la CSS. A la vez indicaron que existen cientos de testimonios de personas que sufrieron los rigores de la represión de la Policía.
Por otro lado, criticaron las declaraciones de algunas autoridades que pretenden desconocer y violentar la ley que establece la autonomía de la Universidad de Panamá, la que consideraron se encuentra en peligro ante nuevas protestas que se puedan realizar.
Las autoridades de investigación analizan una serie de llamadas telefónicas procedentes de Colombia que fueron encontradas en el teléfono celular de uno de sus dirigentes y que hasta ahora no se han determinado su procedencia exacta.
A raíz de esto las autoridades locales han solicitado a sus homólogos colombianos determinar a que personas corresponden los números encontrados en el celular y establecer si están relacionadas con grupos insurgentes colombianos.
También se analiza un posible desvío de medicamento de la Caja de Seguro Social (CSS) hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), situación que ha sido negada por sus directivos y otros funcionarios.
Hasta ahora las investigaciones realizadas no han revelado mayores vinculaciones entre los manifestantes y organismos internacionales ligados con actividades irregulares o partidos políticos extranjeros.
