Una denuncia por los delitos de corrupción de funcionarios públicos, abuso de autoridad, asociación ilícita e infracción de los deberes de servidor público fue presentada ayer por el Frente Nacional Contra la Corrupción contra el Fiscal Segundo de Circuito de Chiriquí, Rolando Rodríguez, los agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) Jorge L. Deago y Rubén D. Najera.
La denuncia presentada por el secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro Diviazo, se fundamenta en una serie de hechos ocurridos al abogado Rodrigo Miranda Morales, a quien se le abrió un proceso por delitos contra la fe pública.
Agregó que en este caso el abogado Miranda acusa al fiscal Rodríguez de haber realizado una serie de diligencias irregulares dentro del proceso seguido en su contra, por delitos contra la fe pública y aseguró que el funcionario de instrucción asignó a ambos agentes de la PTJ como peritos en análisis de documentos dudosos dentro de las pesquisas, aún cuando esta especialidad no existe. También señaló que dentro del proceso, la fiscalía no logró establecer la idoneidad de ambos funcionarios, no les exigió establecer su idoneidad y no los juramentó para la práctica de diligencias dentro de la investigación seguida contra Miranda.
Además señaló que Miranda acusa a los funcionarios judiciales de haber declarado como falsos documentos que la persona querellante admitió haber firmado, y que ello se ejecutó con la única intención de someterlo a una diligencia indagatoria.
Sostiene que en este caso tanto el fiscal como los dos agentes de la PTJ incurrieron en delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, falso testimonio y asociación ilícita para delinquir.
Dijo que otra circunstancia sospechosa dentro del proceso seguido al abogado Miranda por la fiscalía, se encuentra el hecho que no se le ha entregado copia de las sumarias y no se aceptó el poder otorgado al abogado José Luis Ayala, para que lo represente dentro de este proceso.
Montenegro Diviazo solicitó al procurador José Antonio Sossa, que remite la denuncia a una de las fiscalías Anticorrupción para que se ejecute una investigación imparcial de esta denuncia y se determinen las responsabilidades del caso.
