Una denuncia para que se investigue “la divulgación de información presumiblemente contenida en el correo oficial y/o personal del presidente de la República” fue presentada ante el Ministerio Público por la secretaria de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, Ana Belfon.
La denuncia se presentó luego de que la excandidata presidencial, Balbina Herrera, reveló correspondencia electrónica no sujeta a divulgación, cuya autenticidad se desconoce, informó la Secretaría de Comunicación del Estado.
Herrera mostró en un medio de comunicación supuestos correos electrónicos que Martinelli cruzó con el italiano Valter Lavítola, en los que, supuestamente, se habló del contrato para la compra de los mapas, radares y helicópteros.
Además, reveló supuestos correos que se escribieron el secretario privado del mandatario, Enrique de Obarrio, y Lavítola, en los que se le pedía la custodia de un SPI y un auto para moverse.
“La señora Herrera hacía alusión a contenidos de correos electrónicos cuyos temas, presumiblemente, aluden a actividades o relaciones de carácter comercial, con contratos que celebró el Estado de Panamá con el Estado de Italia aludiendo y leyendo el supuesto contenido de los documentos en cuestión”, detalla el documento.
Sobre el tema de la divulgación de correspondencia de Herrera, el abogado Ernesto Cedeño manifestó: “La entrevistada presentó una serie de correos electrónicos no dirigidos a ella, al parecer. Esto debe ser investigado conforme rezan los artículos 164, 166, 289 y 291 del Código Penal, referentes a los delitos contra el derecho a la intimidad e inviolabilidad del secreto. El Art. 164 reza que quien se apodere de un mensaje electrónico, que no le haya sido dirigido, podría ser sancionada con prisión.
En tanto, el expresidente del Colegio de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, explicó que para intervenir un correo se requiere autorización judicial, como en el caso de las telefónicas, siempre y cuando no exista información sobre la seguridad del Estado.
Señaló que la correspondencia es una reserva y confidencialidad de las comunicaciones porque se puede convertir en una fuente de chantajes y otras arbitrariedades.
En tanto, el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, negó que haya sobrecostos en los contratos con Finmeccanica.
Admitió que sí se le dio protección de Valter Lavítola en su momento, por ser el representante oficial del Gobierno italiano y que como a todo representante de cualquier gobierno, ya sea en viaje oficial o no, “por tratamiento elemental de cortesía y por su posición, se le da la protección”.
“Mientras que yo sea ministro de Seguridad, no lo voy a permitir. Se van a los medios de comunicación a hablar sin conocer el tema y dicen mentiras y verdades a medias, jugando con la seguridad de Panamá”, dijo.
