El ministro de Gobierno, Arnulfo Escalona, presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley mediante el cual se crea el marco legal para el funcionamiento del Servicio Marítimo Nacional (SMN) y otra iniciativa que establece multas y sanciones penales, para quienes causen daños a los teléfonos públicos.
Desde su creación el SMN ha funcionado sobre la base de decretos, porque hasta el momento no cuenta con una ley que regule sus funciones, establezca la forma en que se dan los ascensos o demás temas referentes a su funcionamiento.
Por medio del proyecto, se reafirma que esta entidad tiene como función principal proteger y defender los espacios marítimos de la República de Panamá, incluyendo las costas o sus aguas interiores, labor que debe ser ejercida por un ente profesional adscrito al poder civil.
El otro proyecto de ley establece reformas al Código Penal a fin de establecer sanciones penales o multas para quienes destruyan o afecten los teléfonos públicos o semipúblicos.
Se dispone que quien hurte, destruya, rompa o fuerza los teléfonos públicos o semipúblicos, ya sea a la cabina, infraestructura de línea, infraestructura eléctrica, equipo de radio, celdas solares, torres, antenas, cables y cualquier otro accesorio de comunicación será sancionado penalmente.
Aunque el proyecto de ley no establece sanciones, Escalona explicó que desde el inicio de sus funciones en Panamá la empresa Cable & Wireless ha registrado pérdidas que superan los B/.15 millones por daños sufridos a su infraestructura. Recordó que quienes utilizan los teléfonos públicos son las personas que menos recursos tienen y al dañarlos se le hace daño a los necesitados.
