Una queja contra el juez del Tribunal Marítimo de Panamá, fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia por la firma Moncada y Moncada, por presuntas irregularidades en el manejo del secuestro de una embarcación.
De acuerdo con el recurso presentado, el juez del Tribunal Marítimo ordenó la venta de la barcaza Oil Barge sin resolver un recurso y la falta de una resolución judicial que ordene su venta a posibles compradores.
Según el recurso presentado, en abril de 1999 se interpuso en el Tribunal Marítimo, un proceso especial de ejecución de crédito marítimo mediante secuestro de una embarcación por la suma de B/47,000 por la supuesta falta de pago del servicio de remolque.
Detalla que el 5 de mayo de 1999 se fijó el monto para liberar la embarcación en B/58,955, pero posteriormente a ello, la naviera Keypana presentó una demanda de aumento del secuestro hasta la cifra de B/66,650, sólo en concepto de capital más los intereses.
Explica que posteriormente en mayo de 1999 se presentó un incidente de incompetencia y uno de nulidad por suplantación del demandante, que fueron conocidas por el tribunal en agosto de ese mismo año.
Sostiene que en la audiencia celebrada, el juez conoció primero el incidente de incompetencia, el cual declaró no probado, decisión que fue inmediatamente apelada y acogida de inmediato por el tribunal.
No obstante el juzgado, tras la suspensión de la audiencia, no pasó a conocer del incidente de nulidad presentado, a pesar que el juez había convocado el juicio para resolver ambos incidentes, por lo que se cometió una violación al debido proceso.
A la vez explica que en el proceso de transcripción de la audiencia sólo se incluyó, por orden del juez, la parte anterior al dictamen de la resolución judicial y que ello fue adjuntado al expediente instruido.
Plantea que aquí se produjo una violación del debido proceso, ya que las audiencias deben ser transcritas literalmente y tal como ocurrieron; y que el juzgador no puede cambiar situaciones ni hechos ocurridos durante la audiencia.
También detalla que luego de estas actuaciones irregulares, el juzgado ordenó la venta de la barcaza sin que se haya resuelto el recurso de incompetencia y menos ejecutoriado la resolución que ordene la venta judicial.
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