El secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Leandro Avila, presentó ayer ante la Procuraduría de la Administración dos quejas por la presunta ejecución de despidos masivos e injustificados por parte del nuevo gobierno.
De acuerdo con Avila, hasta la fecha la FENASEP ha recibido unas mil denuncias sobre destituciones injustificadas en diversas instituciones públicas y anunció que ha solicitado a la procuradora Alma Montenegro de Fletcher determinar si las remociones son justificadas o no.
Según la denuncia del dirigente, a partir del 1 de septiembre con la entrada del nuevo gobierno se han iniciado una serie de cambios, movimientos de personal y destituciones en las diferentes instituciones, lo que afecta a funcionarios que no ocupan puestos de libre nombramiento y remoción.
Alegó que la nueva administración ha cursado notificación de insubsistencia de nombramientos a muchos funcionarios, causal que no está contemplada en la Ley 9 de 1994 que regula la contratación en el sector público, por lo que sostienen que todas las destituciones efectuadas con este argumento son nulas.
También explicó que según el Decreto Ejecutivo 222 de 12 de septiembre de 1997 los puestos de carrera vacantes deberán ser sometidos a concursos, cumpliendo antes con el procedimiento de convocatoria.
Detalló que cada día reciben numerosas llamadas sobre destituciones en diversas instituciones públicas, pero que a la fecha sólo han logrado verificar unas 470.
Reveló que la próxima semana realizarán una marcha hacia la Asamblea Legislativa para exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Carrera Administrativa.
