Un amparo de garantías constitucionales contra el llamado a sesiones extraordinarias en donde se discuten las reformas constitucionales, fue presentado ayer por el catedrático de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal.
Bernal alegó que la Corte debe revocar la orden impartida en el Decreto Ejecutivo No. 68 de 30 de junio de 2004 refrendado por la ministra de la Presidencia, Mirna Pittí.
De acuerdo con el recurso, la convocatoria realizada por la ministra Pittí es ilegal y por ello solicitó a la Corte se ordene la suspensión inmediata de las sesiones extraordinarias y la discusión de las reformas constitucionales.
Bernal sustenta que la ministra se extralimitó en sus funciones, porque no es competente para convocar a la actual Asamblea Legislativa y considerar las reformas constitucionales.
Señala que la convocatoria a sesiones extraordinarias viola una serie de acuerdos de la Organización de Estados Americanos (OEA) suscritos por Panamá, como el derecho a participación de los ciudadanos, principales afectados por la orden de emitida por la ministra Pittí.
Señaló que al emitirse el Decreto Ejecutivo No. 68 se viola la garantía constitucional contenida en el artículo 18 de la Carta Magna, ya que la Asamblea tuvo su último período de sesiones del 1 de marzo a 30 de junio de 2004 y no tiene más receso, porque su vigencia expira el 31 de agosto y no puede volverse a reunir por derecho propio.
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