Una diligencia exhibitoria en contra del Ministerio de la Presidencia solicitaron ayer ante el Tribunal Electoral los abogados Silvio y Ramiro Guerra, en la que exigieron se den a conocer los gastos de la partida discrecional de la Presidenta de la República.
La acción fue solicitada luego que la presidenta Mireya Moscoso advirtiera que no entregará el informe de los gastos de la partida secreta solicitado por el fiscal electoral, Gerardo Solís, en medio de la investigación que realiza para determinar si este dinero se usa para apoyar a candidatos oficialistas.
Silvio Guerra advirtió que "estos dineros llamados secretos son del Erario y no podemos permitir que en un estado de derecho y constitucional, nuestra presidenta le hable al país como si todos fuéramos sus súbditos".
Por su parte, Ramiro Guerra dijo que "en un estado de derecho, la presidenta tiene que rendir cuentas de los destinos de los fondos, que son para obras de los panameños".
Mientras que el fiscal electoral Gerardo Solís advirtió ayer al Ejecutivo que el poder es efímero y que debe ser usado al servicio de la ley y la justicia y no para ocultar información.
Solís advirtió el lunes que enviará a la ministra de la Presidencia, Mirna Pittí, un cuestionario sobre el uso de estas partidas para que lo conteste bajo la gravedad del juramento, en medio de la investigación que se sigue por el presunto apoyo oficial al candidato presidencial José Miguel Alemán y al legislador Carlos Afú.
Precisó que esperará a que Pittí responda el cuestionario para continuar, de ser necesario, con otras acciones legales y seguir la investigación.
De igual forma, afirmó que el contralor Alvin Weeden y otros funcionarios de la Contraloría deberán también dar un informe de cómo se ha estado manejando esta partida, tanto en su control previo como posterior.
"Quien no la debe, no la teme y si no hay nada oculto o indebido, yo estoy seguro que la Fiscalía tendrá acceso a esa información", enfatizó.
Indicó que los códigos Judicial y Electoral establecen diferentes medidas que le permiten obtener esta información. Estas acciones incluyen la inspección directa y la acción exhibitoria directa por parte del Tribunal Electoral.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez, indicó que la Defensoría del Pueblo también tendrá que buscar las vías que la ley permite para que la Corte Suprema de Justicia decida si el Ministerio de la Presidencia debe rendirle un informe sobre el uso de este dinero.
Según los informes de la calificadora de riesgo Standard and Poor´s durante 1995 la deuda pública neta representaba un 60% del PIB, sin embargo al finalizar el año 1999 la variación de deuda versus PIB representaba sólo el 32%.
Pero esta tendencia a la disminución de deuda pública se revertió al finalizar ese año, y comenzó a incrementarse ese porcentaje de deuda versus PIB.
Actualmente el nivel de deuda pública representa el 70% del PIB, es decir, un incremento de la deuda en un casi 40% en los últimos 4 años, según los cálculos realizados por la calificadora de riesgo.
No obstante, Gustavo Chellew, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que estás cifras no son acordes con la realidad, toda vez que la deuda pública total en 1999 tuvo una relación PIB de 67.16%, y para 2003 la relación deuda vs PIB fue de 67.2%, es decir margenes similares.
