Una fuente ligada a la investigación confirmó que el equipo de abogados del banco, conformado por los juristas Rogelio Cruz, Miguel Angel Ordóñez y Jerónimo Mejía, tiene proyectado presentar al fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, nuevos cargos contra los presuntos implicados en el desfalco.
La fuente precisó que además del delito de peculado se pretende incluir los tipos penales de asociación ilícita para delinquir, lavado de dinero, falsificación de documentos y atentar contra la seguridad económica del Estado.
Explicó que la querella presentada inicialmente sólo tenía como objeto la apertura de una investigación de carácter penal, pero que ahora, tras un análisis de la participación de cada de uno de los acusados, se hace necesario establecer su responsabilidad de manera específica.
Por otro lado, explicó que auditores del Ministerio Público intentan ubicar el destino de los B/.800,000 sustraídos de los fondos del banco y determinar en manos de quiénes se encuentra la mayoría de estos fondos.
También se analizan 19 auditorías realizadas por el BNP para detectar los diversos métodos utilizados por los funcionarios y particulares para sustraer los fondos en operaciones aparentemente legítimas.
A la fecha en la investigación se ha detenido a 31 personas y se mantienen bajo investigación a pasantes, abogados, funcionarios del Registro Público, cajeros del BNP y algunas empresas que pudieron haber recibido fondos de estas transacciones.
El Código Electoral establece penas de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, sin embargo, el magistrado espera que no sea necesario de juzgar a nadie y que los funcionarios sean respetuosos de las normas como en el pasado.
A juicio de Valdés Escoffery las medidas preventivas han sido positivas y recordó que se equivocaron los que pensaron que el TE no podría actuar frente a un Presidente que buscaba la reelección, y que el mandatario respetó las reglas del juego, por tanto se espera que ahora la gobernante de turno también lo haga.
Las declaraciones de Valdés Escofery se dieron durante la suscripción de un convenio de cooperación y asistencia técnica con la Procuraduría de la Administración, para el establecimiento de la firma electrónica y la implementación de la certificación digital portátil.
A partir de las 4:00 p.m., de este martes y finalizado el paro, los capítulos quedarán en espera de nuevas acciones hasta que la situación se mejore. Más de 400 funcionarios administrativos de la CSS en la Policlínica Gustavo A. Ros, en David y en las demás instalaciones de Chiriquí paralizaron ayer de forma completa los servicios de salud.
El cuarto de urgencia, los servicios de laboratorio, de farmacia y Rayos X, estuvo abierto a la población.
Sin embargo, los dirigentes de ANFACSS en esta región podrían ser sujetos de aplicación de las medidas legales, así lo confirmó Enrique Fernández, director institucional de la CSS, quien destacó que no comparte la situación registrada en las Policlínica Gustavo A. Ros, ya que a su juicio es un problema grave porque se violó el derecho a terceros con el cierre total de acceso al personal (médico, técnico y público) que no está en paro.
Expresó que tomarán las medidas que estén dentro del marco de la ley por la violación de los derechos a terceros, el libre tránsito por parte de los funcionarios de ANFACSS y afirmó que le comunicó su opinión a la dirigencia.
Además, manifestó que en el Hospital Regional Rafael Hernández se trabajó de manera normal en el cuarto de urgencias, sala de hospitalización, sala de operaciones, la sala de cuidados intensivos y la consulta externa de algunas especializadas. Como medida de protesta y apoyo a las manifestaciones que se están realizando a nivel nacional, funcionarios de la agencia de la CSS de Penonomé se encontraban ayer desde tempranas horas en las afueras de las instalaciones con pancartas.
Los funcionarios de la agencia señalaron que sólo están laborando en la ventanilla de pago a jubilados, no así en otros departamentos como afiliación, contabilidad, pensiones y subsidios.
Posteriormente piquetearon frente a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas de Coclé, ubicadas en Penonomé.
Para Justo Abel Aizprúa, dirigente en la provincia de Veraguas, el paro fue exitoso, y su efecto fue notorio en cada una de las instalaciones de la entidad.
Mencionó que en la coordinación de la CSS, en la Policlínica Horacio Díaz Gómez, en el Hospital Ezequiel Abadía de Soná y en el resto de las instalaciones a nivel de la provincia, se apoyó el paro.
