Una triple querella contra el magistrado Oydén Ortega, fiscal de la causa en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, será presentada por la defensa del exmandatario ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional la próxima semana.
Alma Cortés, parte del equipo legal de Martinelli, explicó que se trata de tres denuncias, todas por abuso de autoridad y extralimitación de funciones. "La primera es porque el fiscal Ortega quiere involucrar dentro del proceso a familiares del expresidente, en este caso a su esposa Marta Linares de Martinelli", dijo Cortés.
Empero, según la exministra de Trabajo, Ortega no tiene la potestad de llevar a cabo esta acción legal porque "la Corte solo puede investigar a Martinelli y está investigando bienes y riquezas de otras personas", expresó. La segunda de las quejas se debe a que Ortega negó a la defensa practicar pruebas testimoniales, que supuestamente, darían fe que la comida deshidratada llegó a los beneficiarios.
El último de los reclamos, asevera la denunciante, es porque no existen pruebas sumarias que involucren o demuestren que su defendido haya participado directamente en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Ante este panorama, varios sectores jurídicos ajenos a este caso, consideran que la investigación que se realiza contra Martinelli tiene un sin número de vicios, entre ellas la aplicación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en vez del sistema inquisitivo. Así piensa el exfiscal auxiliar Neftalí Jaén. "Ese sistema es una gran farza porque alegan que es garantista y rápido, pero en la práctica estamos viendo que un juez y un fiscal aplican, interpretan y deciden como les da la gana".
Mientras que José Alberto Álvarez, presindete del Colegio Nacional de Abogados (CNA) comentó que actualmente las autoridades judiciales no poseen recursos económicos para mantener o aplicar este sistema. "Creo que el Ministerio Público ni el Órgano Judicial tienen los recursos para darle ese servicio a la ciudadanía".
Desde que empezó la investigación contra el actual diputado del Parlamento Centroamericano, su defensa ha argumentado que en dicha causa se ha violado el debido proceso.
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