La presidenta de la República, Mireya Moscoso, concedió libertad condicional a 234 reclusos de diferentes centros penitenciarios, quienes deberán adoptar un medio lícito de subsistencia y no incurrir en la comisión de nuevos delitos ni de falta grave.
Los reos favorecidos con la medida también deberán residir en el lugar que se les fije y no cambiar de domicilio sin autorización previa. A la vez deberán someterse a la observación del organismo que designe el Organo Ejecutivo.
El decreto por el cual se conceden las libertades condicionales también señala que la misma será revocada si el beneficiado no cumple con las obligaciones descritas y en ese caso deberá regresar al centro penitenciario que designe la Dirección de Sistema Penitenciario hasta el cumplimiento de la totalidad de la condena.
Entre los beneficiados figuran 63 internos del centro penitenciario La Joya, 48 de la cárcel La Joyita, 13 del Centro de Rehabilitación El Renacer, 14 del centro de detención de Tinajitas, tres de la cárcel pública de La Chorrera.
También fueron beneficiadas 21 reclusas del Centro Femenino de Rehabilitación y 36 de la cárcel de Nueva Esperanza, Colón. A la vez se incluyó dos reclusas del Centro Femenino de Colón y otros tres de la cárcel pública de Chiriquí.
En la provincia de Los Santos sólo seis reos fueron favorecidos con la medida. Mientras que la misma cantidad recibió el beneficio en la provincia de Herrera. En la provincia de Coclé se comunicó la libertad condicional a seis internos.
Por su parte en Veraguas fueron liberados provisionalmente ocho reos y en Darién tres reclusos fueron informados de su liberación provisional. En tanto que en la cárcel pública de Changuinola, Bocas del Toro, sólo dos reos fueron liberados.
En la actualidad la población penitenciaria supera los 9,000 internos, lo que ha generado condiciones de hacinamiento en diferentes centros de reclusión. Esta situación ha llevado a las autoridades a evaluar la construcción de otras cárceles.
