La presidenta de la República, Mireya Moscoso, tendrá un plazo de treinta días para determinar si las adolescentes embarazadas podrán permanecer en los colegios, ya sean públicos o privados y que además puedan recibir atención médica gratuita en los centros de salud públicos y la Caja de Seguro Social (CSS).
Sobre la base de una iniciativa de la legisladora Teresita de Arias, la Asamblea Legislativa aprobó esta semana en tercer debate un proyecto de ley por medio del cual se pretende "garantizar la salud y la educación de las docentes embarazadas".
El proyecto que sólo requiere de la sanción de la Presidenta y su promulgación en la Gaceta Oficial para convertirse en ley de la República, establece que las adolescentes embarazadas, además de asistir a los planteles, tienen derecho a recibir del Estado, atención de salud integral, evaluación, así como orientación social y sicológica, además de información legal.
Cifras oficiales revelan que en año 2000 por lo menos 686 niños nacieron de madres adolescentes, la mayoría de los cuales son hijos de hombres mayores de edad.
Según el proyecto, el Ministerio de Educación garantizará que las menores embarazadas reciban un trato digno y libre de discriminación, que puedan participar en todas las actividades educativas y recreativas del plantel.
Cuando por razones relacionadas con el embarazo o el parto, la menor no pueda asistir con regularidad al centro escolar, se le asignará un sistema de módulos o cualquier otro, supervisado por docentes del plantel que garanticen la culminación del curso.
La norma aprobada por la Asamblea Legislativa establece multas hasta de B/.200 y sanciones que van hasta la separación del cargo, para los funcionarios que se nieguen a brindar estos beneficios a una adolescente embarazada.
