El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas, solicitó asesoría a su departamento legal antes de actuar en contra de la ex jueza Zulay Rodríguez, tras la solicitud del magistrado José Abel Almengor.
Salas confirmó que el lunes recibió una nota en la que se solicitaba una auditoría, la cual fue remitida a asesoría legal de la CSJ para que emitan una opinión al respecto.
“Existe un reglamento de auditoría judicial y en base a este se espera la respuesta de las autoridades concernientes al tema para contestar la solicitud presentada”, señaló el magistrado.
También informó que sí hubo reuniones entre magistrados y Lidio Albino Rancharan, que es investigado por Estados Unidos por blanqueo de capitales.
Entretanto, el presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Miguel Fanovich, explicó que revisarán las pruebas de este caso, dando la garantía del debido proceso para no contaminar las sumarias.
Fanovich señaló que los nueve comisionados que integran la comisión decidirán por mayoría simple si admiten o no la denuncia contra el magistrado Almengor.
De admitirse, el Pleno se convertiría en el Tribunal de Justicia, en contra de uno o los magistrados señalados o querellados.
La Asamblea debe nombrar al fiscal y comenzar el proceso, cuyas pruebas deben ir al Ministerio Público para que emitan su opinión y certifiquen la veracidad de ellas. Luego se da comienzo a la investigación, en la cual las dos terceras partes de la Asamblea decidirían si se penaliza o castiga a los magistrados.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal dijo que existe una pasividad por parte de la Procuraduría de la Nación frente a este caso.