El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, Harley Mitchell, dijo hoy que no cejará en combatir la corrupción en la institución y anunció un proyecto de ley para investigar y procesar a jueces y magistrados que incurran en faltas a la ética.
Mitchell afirmó que la corrupción tiene que acabarse "porque la administración de justicia no se puede concebir como un negocio personal y la voy a combatir mientras esté aquí", informó la CSJ en un comunicado.
Anunció que ya se ha elaborado un proyecto de ley de 44 artículos que será presentado ante la Asamblea Nacional para su aprobación y que tiene como objetivo la creación del Tribunal de la Integridad y la Transparencia.
Este tribunal se encargará de investigar y procesar a los jueces y magistrados que cometan faltas a la ética, indicó Mitchell, quien señaló que el órgano Judicial (OJ) "mantiene una lucha sostenida contra la corrupción".
El objetivo, añadió, es depurar el sistema para lograr una justicia rápida, confiable y transparente.
En el marco de este combate a la corrupción en el OJ, en 2008 tuvieron lugar 30 auditorías judiciales que resultaron en renuncias, traslados, ocho destituciones de funcionarios y la destitución de una jueza municipal.
En marzo del año pasado también se ordenaron auditorías a los juzgados donde están los procesos de las quiebras fraudulentas de las empresas Fotokina y Adelag que superan, entre ambas, los 135 millones de dólares, por presuntas irregularidades en el manejo de estos casos, según un informe de la CSJ.
El informe registra, por otra parte, que en los últimos ocho años se han tramitado 710 expedientes contra jueces y magistrados, con un total de 53 sanciones, entre ellas nueve destituciones.
Estos reportes indican que se evidencian irregularidades en el 85 por ciento de los casos investigados, de acuerdo con la información.
En lo que va de 2009 igualmente se ordenó una auditoría en los juzgados civiles sobre más de 100 procesos de quiebras, muchos de los cuales estaban estancados por años, aseguró la CSJ.
Por su parte, una comisión de la CSJ presentó hoy una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue penalmente al juez sexto penal Rubén Royo por supuestas conductas irregulares que aparentan ser actos delictivos contra la administración pública, dijo a la prensa el secretario general de la máxima instancia de justicia, Carlos Cuestas.
La denuncia se fundamenta en un informe de auditoría judicial realizada al tribunal a cargo de Royo, la cual revela supuestos cobros efectuados por el juez para favorecer a un ciudadano colombiano acusado de lavado de dinero y a quien se le habían confiscado ocho millones de dólares, según las investigaciones.
