El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, recorrió ayer las instalaciones donde empezará a funcionar el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en San Miguelito y Panamá centro.
La inspección de Ayú Prado se produce luego de la protesta de trabajadores por la falta de recursos en el Órgano Judicial y la equiparación de las nuevas oficinas.
Incluso cuando esta semana se exigiera al Ministerio de Economía la autorización de un traslado de partida por 9.5 millones de dólares que debe ser aprobado en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, y así mejorar el sistema en el Primer Distrito Judicial, a partir del 2 de septiembre.
El jueves pasado, una veintena de abogados acudió a la Presidencia y a la Asamblea Nacional, agrupados por el Colegio Nacional de Abogados (CNA), para exigir un aumento de los fondos destinados a la justicia.
Los magistrados de la Corte reclamaron mejorar el presupuesto del Órgano Judicial y contar con independencia financiera.
El proyecto de presupuesto de 2017 aprobado por el Gobierno repartirá a la Justicia 305.5 millones de dólares, equivalente al 3.5% de los ingresos corrientes del Gobierno central, pero que por exigencias de sus jefes se ha solicitado elevar al 5%.
