El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Ricardo Del Valle, calificó ayer de "mal precedente" la modificación de la Ley 56 de 1995, con el propósito de exceptuar a la Caja de Seguro Social (CSS), del requisito de la licitación pública en la adquisición de medicamentos y material médico-quirúrgico.
"La Ley 56 de 1995 es un buen instrumento jurídico, que por supuesto puede mejorarse tanto en su contenido como en su aplicación, pero de ninguna manera se justifica su mutilación", indicó Del Valle, en una carta que envió al presidente de la junta directiva de la CSS, Rafael Medina.
El presidente del SIP señaló que dicha modificación es motivo de "honda preocupación" para los industriales y la industria farmacéutica en particular.
Consideró que el procedimiento de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios, sobretodo por sumas millonarias, "es el más justo, transparente y ajeno a la mayor parte de los elementos que propician la corrupción".
No obstante, para Del Valle, "resulta extraño" que se hable de desabastecimiento de algunos medicamentos, y no se acuda a la industria nacional, que dispone de capacidad para satisfacer las necesidades de la CSS, con productos de calidad, en "cantidad suficiente y precios competitivos".
En la misiva, Del Valle sostiene que no siempre los medicamentos importados cumplen con el Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Salud, lo que si acontece con todos los productos farmacéuticos fabricados en el país.
"En muchas ocasiones los proveedores extranjeros no son fabricantes, sino comerciantes oportunistas que prontamente desaparecen, especialmente si se presentan situaciones que demandan una indemnización a la Caja de Seguro Social o a los pacientes", dijo Del Valle.
