La creación del régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia que discute actualmente en segundo debate la Asamblea Legislativa tendría un costo de aproximadamente B/. 3 millones para el Estado panameño, al tiempo que permitiría el nombramiento de tres nuevos magistrados y un Defensor de la Niñez por el presidente de la República.
Esmeralda de Troitiño, magistrada del Tribunal Superiores de Menores, informó ayer ante el pleno legislativo que para el funcionamiento de este régimen se deben crear nueve fiscalías e igual número de juzgados, además de 13 defensores de oficios.
Cada uno de los nueve juzgados tendría un costo anual de B/. 131 mil, mientras que las nueve fiscalías requerirán una inversión de B/. 106 mil y por cada defensor de oficio, habría que invertir B/. 51 mil.
Todo esto daría un total aproximado a los B/ 3 millones anuales que sería el costo que tendría que pagar el Estado por la implementación de esta norma actualmente en discusión en pleno legislativo.
El legislador Víctor Méndez Fábrega dijo durante la discusión del proyecto de ley que le parecía que el mismo está motivado por razones nobles, pero la premura con la que se discute el proyecto, le despierta sospechas y preocupación por el gasto económico que acarrea esta norma.
Indicó que además de la cantidad de fiscales, jueces y funcionarios hay que nombrar tres nuevos magistrados superiores y un Defensor de la Niñez y la Adolescencia, así como otras instancias policiales.
Este defensor que tendrá un período de cinco años, será escogido por el Presidente de la República en base a una terna que le presente la Asamblea Legislativa y los aspirantes deben cumplir los mismos requisitos que se exigen para el Defensor del Pueblo.
La norma en discusión establece responsabilidad penal para los menores de edad que son mayores de catorce años de edad y menores de dieciocho que incurran en diversos delitos graves señalados en el proyecto de ley.
El proyecto de ley dispone además la creación de unidades especializadas en la Policía Técnica Judicial (PTJ) para investigar los casos relacionados con los adolescentes mayores de 14 años.
La magistrada Troitiño dijo que mucho personal que labora actualmente en el Tribunal Superior de Menores será trasladado a los nuevos juzgados y fiscalías, al tiempo que las instancias policiales ya cuentan con sus unidades especializadas, las cuales habrá que reforzar.
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