El legislador electo por el Partido Arnulfista por el distrito de Bugaba, Julio César Castillo, dijo que el país debe entender que el presidente Ernesto Pérez Balladares, no solamente no quiere dejar el poder, sino obstruir la gobernabilidad de la presidenta electa, Mireya Moscoso.
Las declaraciones de Castillo surgen luego de que la Asamblea Legislativa aprobara el proyecto de ley que crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantías Constitucionales en la Corte Suprema de Justicia, que le da la potestad a Pérez Balladares de nombrar a tres nuevos magistrados.
La fuente manifestó estar en total desacuerdo con la creación de esta ley, añadiendo que hay que analizar qué se puede hacer legalmente en el nuevo período legislativo, que iniciará el próximo 1 de septiembre de 1999.
Los magistrados que integrarán esta Sala serán nombrados a partir del 1 de agosto, asignados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete y aprobados por el Organo Legislativo.
Según Castillo hay que hacer docencia de lo que significa la Asamblea panameña, ya que la aplanadora del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con la aprobación de esta ley, hizo todo lo contrario al crearla supuestamente para disminuir la mora judicial.
Calificó la ley 106, sobre la reducción del quórum en la Asamblea, como una irresponsabilidad por parte de los legisladores actuales, quienes votaron a favor; señalando que aún no ha sido ratificada por el Presidente de la República y se abriga la esperanza de que demuestre naturaleza humana y la vete.
PRETENDEN LEGISLAR A ESPALDAS DEL PUEBLO
Un vocero de los obreros del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares manifestó que la aprobación de esta Sala es para legislar a espaldas del pueblo y que responde a intereses personales de un determinado grupo.
Según el vocero, los legisladores fueron comprados y otros coaccionados para dar los votos a favor de la creación de esta Sala. Lo que se persigue con la aprobación de esta Sala, no es legislar a favor de la población ni en beneficio de la mayoría de los trabajadores, sino de los intereses particulares de personas y de grupos partidistas.
Adujeron que ellos estuvieron y están en contra de la creación de la Sala, ya que la aspiración de los trabajadores y en este caso los de la construcción, es que se instale la corte de casación laboral, pero con independencia judicial.
Según los sindicalistas, la Sala Quinta no sólo atenderá los conflictos laborales, sino las demandas de inconstitucionalidad, que dejarían en segundo plano los recursos de casación laboral, ya que las garantías constitucionales tienen prioridad entre otras demandas.
