Todo indica que tras la fuerte postura de la Iglesia católica y la negación del presidente Ricardo Martinelli, el anteproyecto que busca establecer la pena de muerte no será discutido en la Asamblea Nacional, por lo que los diputados ahora intentan abordar la cadena perpetua.
Ayer, el presidente de la Asamblea, Héctor Aparicio, convocó a un grupo de siete juristas para que en un plazo de 10 días hábiles den sus recomendaciones sobre esta materia, para luego ser presentada al Pleno.
El grupo de abogados estará conformado por Agapito González, Salvador Sánchez, Neftalí Jaén, César Ruiloba, Julio Miller y Renato Pereira.
“Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque creo que es algo muy drástico; en lo que sí estoy de acuerdo es que a quien cometa un crimen, como el de los cinco panameños en La Chorrera, tenga un castigo ejemplar para que no siga cometiendo esta serie de asesinatos”, indicó el mandatario.
Horas antes, el Legislativo había designado la comisión para analizar la posibilidad de establecer la cadena perpetua.
Previamente, la Iglesia católica aseguró que la pena capital es un absurdo y sugirió la implementación del diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad para abordar el tema.
En cuanto al endurecimiento de las penas, Martinelli manifestó que “creo que una persona que cometa un crimen horroroso debe tener una condena muy larga”.
El que también se refirió al endurecimiento de las penas fue el vicepresidente Juan Carlos Varela, quien en compañía de sus antiguos ministros, viceministros y directores de entidades, indicó que hay que actuar con firmeza, pero tomando en cuenta el tema de la prevención.
Abogando por una revisión integral de los actos criminales que se dan en el país, Varela sugirió a la dirección de la Policía Nacional que se apoye más en los oficiales de carrera y no tanto en los asesores que tiene el director de esa entidad de seguridad.
Diferencias.
Ayer los intercambios de opiniones entre el presidente Ricardo Martinelli y su vicepresidente Juan Carlos Varela no se hicieron esperar y, pese a que ambas autoridades se encontraban en actividades diferentes, abordaron temas en común.
En cuanto a la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (ANATI), Martinelli expresó que se le deben hacer algunos ajustes, pero estas reformas quedarán en manos de la Asamblea.
Explicó que “si nosotros ponemos control previo, jamás vamos a titular ninguna propiedad”.
Reiteró que Alejandro Castillero aún permanece como administrador de ANATI, pese a haber presentado su renuncia hace una semana.
También aclaró que el ministro Salomón Shamah no ha sido designado como administrador de esa entidad, porque Castillero se quedará en el puesto hasta que llegue el reemplazo.
La ANATI no pasó inadvertida para el vicepresidente de la República, quien explicó - según su criterio- cuáles deberían ser las modificaciones que se deben hacer a esa entidad.
Varela sostuvo que hay que dividir claramente lo que es la titulación a la gente humilde de la que se pueda prestar a la especulación del manejo de derecho posesorio, así como los lotes que tengan un valor comercial fuerte o potencial, mismos que deben pasar un filtro mayor.
Afirmó que la titulación en el caso de la gente humilde debe darse hasta el tope de 500 dólares el metro.
En los dos últimos meses, la ANATI ha sido objeto de duras críticas por parte de diferentes sectores, que han dado con la renuncia de la directora de Titulación y Regulación, Anabelle Villamonte y del propio administrador de la entidad, Alejandro Castillero.
El pasado martes le correspondió al subadministrador de la ANATI, Eladio Ostía, hacer entrega, en un acto oficial, de los 80 títulos de propiedad a residentes de las diferentes provincias del país.
