El ministro de Vivienda, Roosevelt Thayer, advirtió ayer que el presidente Ernesto Pérez Balladares no sancionará el proyecto de ley que otorga una prórroga a la Ley de Intereses Preferenciales, si el pleno de la Asamblea Legislativa se atreve a cambiar una coma al documento que espera ser aprobado en segundo debate.
Paralelamente, el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Rogelio Alemán, reveló que de no aprobarse este proyecto antes de la culminación del actual período legislativo (30 de junio), el sector registrará pérdidas por el orden de los B/.100 millones.
Las declaraciones de Thayer coincidieron con las del presidente de la Asamblea Legislativa, Gerardo González, quien sentenció que "hagan lo que hagan, si nosotros los legisladores hacemos los cambios que están proponiendo, el presidente no sancionará la ley, que para los efectos sería lo mismo que vetarla".
González, también presidente del gobernante PRD, retiró el proyecto de ley de la agenda del día, para que los legisladores de las diferentes bancadas analicen los pro y contra y lleguen a una conclusión similar a la del Ejecutivo, ya que de lo contrario no podrá ser aprobado, porque no cuenta con la mayoría parlamentaria.
Lo anterior fue el resultado de una reunión que sobre este tema se realizó en el Salón Azul del Palacio Legislativo y en donde participaron representantes de la CAPAC, la Asociación Bancaria Nacional, la Caja de Ahorros y los legisladores de gobierno y de oposición, quienes no encontraron puntos de concordancia.
Cabe destacar que los legisladores proponen que el proyecto de ley se mantenga igual y que no sufra ma-yores cambios, es decir que el marco de acción de los Intereses Preferenciales llegue hasta los B/.62 mil 500, con un subsidio gubernamental del 3 por ciento, mientras que el Ejecutivo, según Thayer, sugiere que éste sólo ascienda a B/.25 mil, con un subsidio del 5 por ciento.
Durante la reunión se propuso la creación de un artículo transitorio cuyo objetivo será darle vida al proyecto de ley sin los cambios que propone el Ejecutivo por un período de un año en vez de cinco.
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